Este jueves, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI ejecutaron allanamientos e incautaciones de dispositivos electrónicos en el Congreso Nacional, la sede central de Junaeb y diversas propiedades en distintas regiones del país. El operativo forma parte de una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Las diligencias fueron autorizadas por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la fiscal Constanza Encina. Entre los blancos de la investigación figuran los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), el exdiputado Hugo Gutiérrez, así como también otros funcionarios públicos y personas vinculadas a la empresa proveedora SOSER S.A.

El Ministerio Público indaga un presunto esquema de sobornos, tráfico de influencias y revelación de secretos orientado a incidir en la adjudicación de contratos públicos a dicha firma, pesquisa que se originó a partir de anomalías detectadas en la ejecución de servicios en la Región de O’Higgins.

Pero la ofensiva de la Fiscalía Oriente no se limitó a parlamentarios y actores privados. Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, la investigación también alcanzó a quienes ocuparon altos cargos en Junaeb durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Entre los domicilios allanados se encuentra el de la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, además de exjefaturas y funcionarios que tuvieron responsabilidades en el PAE durante el período investigado.

También fueron allanadas propiedades vinculadas al exjefe del Departamento de Alimentación, Claudio Alcatruz; al exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil, Francisco Pizarro, y a Alejandro Layseca y María José Robles.

El origen de esta arista resulta clave: fue la nueva administración de Junaeb, instalada tras la llegada del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la que revisó las actuaciones de sus antecesores, detectó irregularidades y presentó los antecedentes ante el Ministerio Público.

Esa denuncia puso bajo la lupa la relación entre Junaeb y SOSER S.A., empresa que recibió millonarios pagos por servicios de alimentación escolar en la Región de O’Higgins.

Con el tiempo, el caso se expandió y hoy la Fiscalía investiga un posible mecanismo sostenido destinado a favorecer intereses privados dentro de la institución: entrega de información reservada a particulares, intervención en actos administrativos para beneficiar a SOSER, gestiones para mejorar condiciones de contratos y presiones para remover a funcionarios encargados de fiscalización. La sospecha más grave apunta a que algunas de estas actuaciones habrían sido a cambio de beneficios económicos o laborales.

La Fiscalía obtuvo autorización para incautar teléfonos celulares, computadores, discos duros, documentación y antecedentes bancarios, con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones dentro de Junaeb y establecer qué comunicaciones existieron entre funcionarios públicos y actores externos. También se investigan sobredeclaraciones de raciones, certificados que habrían permitido pagos improcedentes con fondos públicos, incorporación de información falsa en los sistemas de Junaeb, eventuales beneficios indebidos a directores de establecimientos y episodios relacionados con alimentos presuntamente contaminados.

Paralelamente, la Fiscalía indaga el rol de la gerencia y el directorio de SOSER en el presunto esquema de corrupción. La tesis investigativa sostiene que desde la empresa se habrían realizado gestiones para obtener información reservada, favorecer sus intereses en licitaciones públicas e intervenir en decisiones de Junaeb, a cambio de beneficios económicos o laborales.

La causa considera, entre otros delitos, soborno, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, además de la eventual responsabilidad penal de SOSER como persona jurídica.

La investigación se ha expandido considerablemente desde sus inicios. Como reveló Mega Investiga, la Fiscalía también allanó inmuebles vinculados a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, al exdiputado Hugo Gutiérrez y al lobbista Darío Calderón, y las diligencias llegaron hasta dependencias del Congreso Nacional. La Brigada Anticorrupción de la PDI busca en esos lugares teléfonos, computadores, documentación sobre licitaciones, antecedentes bancarios y registros de movimientos de dinero.

El paso siguiente para los investigadores será cruzar toda esa información con los correos y dispositivos de quienes ocuparon puestos estratégicos dentro de Junaeb durante el período bajo escrutinio. Así, la denuncia presentada por la nueva administración del organismo, tras el cambio de gobierno, abrió una pesquisa que hoy intenta establecer si detrás de las millonarias irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar existió una red de pagos y favores destinada a intervenir decisiones públicas desde dentro y fuera de Junaeb.