En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la expresidenta de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Verónica Undurraga, calificó como “preocupante” la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. Su principal reparo apunta al nuevo estado de excepción por seguridad pública, cuya causal para ser invocado, aseguró, es “bastante vaga”.

La abogada y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez cuestionó que el Presidente de la República pueda decretar este estado de excepción y extenderlo sin autorización del Congreso por un periodo de hasta 240 días. “Solo si quiere prorrogarlo de nuevo necesita aprobación del Congreso. Significa que tenemos un tiempo extremadamente largo, que no está contemplado así en ninguno de los otros estados de excepción constitucional, ni siquiera en el Estado de Asamblea, que es cuando hay guerra externa”, explicó.

Undurraga puntualizó además que las facultades que se entregan al Mandatario son “muy amplias” y “equivalentes al estado de excepción que se puede poner en una guerra”, lo que implica la suspensión de libertades personales.

“Eso implica que todas las garantías que tenemos, que son las más básicas del Estado de Derecho: no ser detenido sin una orden judicial previa, poder entrar y salir del país o moverse dentro del país. Todo eso lo determinaría el Presidente de la República o su oficial general que él designa. Y podría interceptar comunicaciones: teléfonos, correspondencias, correo electrónico”, ejemplificó.

La exintegrante de la Comisión Experta analizó el objetivo de un estado de excepción —concentrar el poder de manera temporal para responder a una emergencia— y cuestionó que sea el mecanismo más efectivo para enfrentar la seguridad pública. “La lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo es una amenaza permanente de los estados en este momento”, afirmó, y agregó que otros países han optado por perfeccionar su legislación antiterrorista u ordinaria contra el crimen organizado, “pero con todo tipo de controles”.

Enfatizó que los estados de excepción se regulan en la Constitución “porque queremos manifestar que incluso en situaciones de extrema amenaza o gravedad, el gobierno o las autoridades no pueden actuar fuera del derecho”. Por lo mismo, dijo: “Es un problema muy grande cuando esas normas que regulan esta situación excepcional prácticamente anulan libertades extremadamente importantes, por un tiempo extremadamente largo, sin los controles del Congreso”.

Respecto de la tradición constitucional chilena, Undurraga recordó que históricamente se ha confiado en dar más poder al Presidente sin tantos resguardos en casos de catástrofes naturales. En cambio, advirtió, hay una desconfianza “legítima y justificada” cuando se trata de conflictos internos. “Cuando nosotros tenemos una legislación, tenemos que pensar que esta es una norma que va a quedar para cualquier gobierno que venga y que puede abusarse. Ese es un problema”, sentenció.

El origen de la reforma y la crítica al Tribunal Constitucional

Undurraga también relevó que el objetivo original del proyecto —en su primera versión— era explícitamente “ponerle freno al Tribunal Constitucional”. Según relató, el mensaje presidencial que acompañaba la iniciativa contenía una crítica frontal al TC, al que calificaba como “demasiado garantista” y “desequilibrado” por proteger los derechos de las personas condenadas.

“Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución para impedir que el Tribunal Constitucional nos ponga obstáculos en la normativa que queremos dictar en materia de seguridad pública”, resumió Undurraga, citando el contenido del borrador inicial de la reforma de seguridad del Gobierno.

Si bien la segunda versión del proyecto eliminó las referencias explícitas al TC, la abogada advirtió que el efecto es el mismo: al incorporar estas medidas en la Constitución, se anticipa y limita el control que la justicia constitucional podría ejercer en el futuro.

Alerta sobre rasgos iliberales

Consultada sobre si el proyecto refleja rasgos iliberales del actual gobierno —en línea con lo que el analista político Tomás Duval planteó anteriormente en el mismo programa—, Undurraga fue categórica: “Yo también creo”.

“Definitivamente en el tipo de iniciativas que se están tomando, hay dos cosas: uno es tomar estas medidas para evadir, en la mayor medida posible, el control de otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional. Eso es una medida iliberal, es típica, tratar de cambiar la Constitución para tener ese tipo de efecto”, sostuvo.

Como segundo punto, recordó que en el mensaje original del proyecto había una alusión al “mandato directo de la Nación”, una retórica propia de gobiernos populistas e iliberales, donde el gobernante se arroga saber exactamente lo que la Nación quiere. “Cuando se hace ese tipo de alusiones, realmente hay que tener cuidado”, advirtió.

En tanto, Undurraga llamó a prestar atención a los discursos: “Hay que tener cuidado, porque se van naturalizando. Y esa es una forma de horadar la democracia por dentro”. Subrayó que, si bien el Presidente representa a la Nación, todos los parlamentarios también lo hacen, y que en una democracia constitucional “los que tienen la mayoría en los votos no pueden hacer cualquier cosa”.