Un informe interno de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) reveló que durante años se utilizaron criterios distintos a los establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví para calcular la recuperación de azufre y las emisiones de dióxido de azufre (SO₂). El caso remece nuevamente a una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de la Región de Valparaíso y ya derivó en la salida de 16 trabajadores —ocho en enero y ocho en junio—, además de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Según una investigación de Radio Biobío La empresa reconoció que, al aplicar la metodología contemplada en el instrumento ambiental, las eficiencias de captura de azufre superaban el 90%, pero se ubicaban bajo el 98% exigido por el PPDA. Con la fórmula correcta, el resultado reportado para 2025 alcanzó cerca de 90,2%.

En su respuesta al Senado, Enap admitió que “en la elaboración de los reportes históricos asociados a esta obligación se habían utilizado criterios distintos de aquellos contemplados en la metodología aprobada por la autoridad ambiental”.

Otro de los hallazgos relevantes del informe fue la omisión en la contabilización de fuentes contaminantes. Según el documento, “se identificó que determinadas fuentes de emisión no habían sido consideradas al momento de la elaboración de la línea base utilizada para la confección del PPDA”. En el caso del flaring —quema de gas en antorchas—, solo se había incorporado el gas piloto y el gas de barrido, sin incluir todos los flujos asociados al proceso. Esas emisiones de dióxido de azufre no habían sido cuantificadas en reportes anteriores.

La situación comenzó a aflorar formalmente en enero de 2026, durante una revisión de los antecedentes destinados a los reportes anuales del PPDA. Fuentes conocedoras del proceso interno sitúan los hechos bajo revisión entre 2021 y 2025. La propia Enap ha evitado identificar responsabilidades individuales y, consultada sobre quiénes conocían el procedimiento utilizado, respondió que las responsabilidades deberán determinarse una vez que los hechos sean completamente esclarecidos en las instancias penal y ambiental.

Una de las aristas más sensibles de la investigación es si las inconsistencias en la información ambiental pudieron relacionarse con el cumplimiento de metas asociadas al pago de bonos. El medio precisó que no está acreditado que ese haya sido el propósito de las irregularidades detectadas. Sin embargo, según los antecedentes recogidos, sí se habrían recibido bonos como consecuencia directa de ellas. La existencia de esta hipótesis no equivale, por sí sola, a establecer una manipulación deliberada de datos ni responsabilidades individuales, aunque deberá ser esclarecida en las investigaciones en curso.

Enap informó que las situaciones detectadas fueron reportadas a la SMA y que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se determinen eventuales responsabilidades penales. El Ministerio de Energía, en tanto, exigió acceder al informe definitivo sobre el balance de azufre de la Refinería Aconcagua.