La investigación por presuntas irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb sumó nuevos antecedentes luego de una serie de allanamientos realizados este jueves por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos puntos del país.

Los operativos incluyeron la sede central de Junaeb, las oficinas en el Congreso de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.), además de dependencias de la empresa de servicios de alimentación Soser. Ambos parlamentarios son investigados por un eventual delito de cohecho, mientras que la empresa manifestó su disposición a colaborar con la indagatoria y aseguró haber actuado conforme a la normativa.

Los procedimientos fueron autorizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a raíz de una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de licitación pública vinculados a la prestación de servicios de alimentación en establecimientos educacionales de la Región de O’Higgins.

La indagatoria se originó a partir de una investigación interna de Junaeb, que detectó pagos por más de $14 mil millones a Soser de Rancagua entre 2021 y 2023, correspondientes a onces que, según los antecedentes investigados, nunca habrían sido entregadas.

Durante la diligencia realizada en dependencias de Junaeb, la fiscal Constanza Encina calificó el procedimiento como exitoso y explicó que permitió obtener antecedentes relevantes para la investigación.

“Fue una diligencia que catalogamos como exitosa, logrando obtener todos los medios que necesitábamos”, afirmó. Respecto de los parlamentarios, la persecutora precisó que “la solicitud que se efectuó con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho”.

En total, la PDI desplegó más de 80 funcionarios en distintas zonas del país. El jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos Metropolitana, prefecto David Castro, detalló que los operativos se realizaron en comunas de la Región Metropolitana y también en Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.

“Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia”, informó.

Soser asegura disposición a colaborar

Uno de los focos de los allanamientos fue Soser, empresa investigada por las presuntas irregularidades relacionadas con contratos del PAE. A través de una declaración, la compañía aseguró que no ha tenido acceso a los antecedentes que sustentaron la resolución judicial, por lo que dijo desconocer los fundamentos específicos de la diligencia.

“Sobre la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, queremos informar que no hemos tenido acceso a la solicitud del Ministerio Público, por lo que desconocemos sus fundamentos”, señaló la empresa.

Sin embargo, Soser enfatizó que mantiene su disposición a colaborar con la Fiscalía y entregar los antecedentes que sean requeridos. “Manifestamos una vez más nuestra completa disposición a colaborar con la investigación y a entregar toda la información requerida para esclarecer los hechos, tal como lo hemos hecho hasta la fecha. Cuando tengamos acceso a los antecedentes tendremos la oportunidad de aclarar estos hechos”, sostuvo.

La compañía también defendió su trayectoria como proveedor del Estado y aseguró que su participación en los procesos de licitación se ha desarrollado dentro del marco establecido. “Por más de 30 años, hemos sido un socio estable del Estado a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y hemos alimentado a distintas generaciones de escolares. Este trabajo nos da la certeza de que hemos actuado conforme a la normativa y las bases de las licitaciones”, afirmó Soser.

Parlamentarios descartan irregularidades

La investigación también apunta a determinar si los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto habrían proporcionado información privilegiada a Soser o intervenido en favor de sus licitaciones, a cambio de eventuales beneficios económicos o favores laborales.

Tras el allanamiento de su oficina parlamentaria, Gahona aseguró estar tranquilo y manifestó su disposición a colaborar con la investigación. “Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo el senador.

Calisto, en tanto, afirmó desconocer los antecedentes específicos que motivaron el procedimiento y aseguró que entregó voluntariamente sus dispositivos y acceso a información financiera. “Desconozco los motivos y antecedentes específicos que originan esta diligencia. Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar”, declaró.

A ellos se suma el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, también incluido en la investigación, quien entregó su teléfono a la PDI. A través de su cuenta de X, Gutiérrez rechazó haber utilizado su cargo para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.

“Quiero ser categórico: en mi calidad de Diputado de la República nunca utilicé el cargo para beneficio personal, ni para beneficiar a terceros”, afirmó. El exparlamentario agregó que durante su periodo en el Congreso actuó, según sostuvo, dentro del marco de la ley y negó haber recibido o entregado sobornos.

“Como parlamentario, fiscalicé y perseguí la corrupción en el Estado, y todo lo hice con estricto apego a derecho. Jamás recibí una coima ni la otorgué a nadie para que actuara reñido a la ley”, aseguró.

Desde Junaeb, su director nacional, Fernando Peña, calificó como “preocupante” la aparición de antecedentes vinculados a parlamentarios y planteó que la investigación podría abrir una nueva línea dentro del caso.

“Es un dato nuevo y preocupante la situación parlamentaria, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos”, señaló.

Peña manifestó además su expectativa de que los hechos sean esclarecidos y apuntó a la necesidad de terminar con prácticas que, a su juicio, han afectado durante años el funcionamiento de la institución.

“Yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue, y que por favor se termine este círculo vicioso de años, de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb”, agregó.

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa con el análisis de los dispositivos y documentos incautados durante los allanamientos, mientras los involucrados han descartado irregularidades y manifestado su disposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.