La presentación de la reforma constitucional en seguridad, proyecto que contiene polémicas medidas como la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, que restringiría libertades personales hasta por 240 días, provocó un debate sobre el carácter del Gobierno. 

Algunos analistas señalan que el Presidente José Antonio Kast cruzó una línea roja y que, con este proyecto de seguridad se estaría configurando una administración con “tintes autoritarios” o “ileberal”. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con expertos que tienen distintas miradas al respecto. 

El cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, afirmó que no está acuerdo con el calificativo de “democracia iliberal”, pero sí estimó que tras la presentación de la reforma constitucional, se observan “ciertos atisbos o ciertos tintes que son autoritarios”.

Herrera aseguró que uno de los aspectos preocupantes de la reforma constitucional es que por primera vez se presenta un proyecto que restringe libertades personales. Esto último, sería “muy contradictorio con el discurso de la propia derecha”. 

“En los últimos años, lo que ha estado tratando de articular la derecha, a partir de esta idea de la batalla cultural, es el liberalismo a toda costa. Entonces, un proyecto de ley que restringe libertades, va incluso contra los principios de su propio sector”, opinó.

El analista además mencionó que la reforma constitucional, “no necesariamente garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones”. A su juicio, ese es uno de los grandes problemas del proyecto.

“Hoy día lo que estamos discutiendo no es solo el crimen organizado y el terrorismo, sino que lo que estamos discutiendo es sobre constitucionalismo e instituciones políticas. Estamos discutiendo sobre separaciones de poderes, si es que efectivamente el Congreso tiene que tener o no atribuciones para controlar estados de excepción y también, el rol de instituciones claves como el Tribunal Constitucional”, apuntó.

Herrera advirtió que la reforma en seguridad de Kast “puede terminar transformándose en lo que fue el proceso constituyente para el gobierno de Boric, en la medida en que tenga ese afán refundacional, de reformular instituciones políticas”, indicó.

Durante el panel de conversación de Radioanálisis, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Aguayo Westwood, consideró que sí hay un aspecto “ileberal” en el planteamiento del Gobierno.

El doctor en ética y democracia señaló que lo que se está haciendo es “describir la realidad de una manera mucho más grosera de lo que realmente es” y que se están “levantando cifras que son completamente infladas” en materia de seguridad. 

“Entonces, una vez que se ha elaborado este examen preliminar, de la situación en la que nos encontramos, es mucho más fácil avanzar hacia la restricción de las libertades, porque se ha hecho un diagnóstico que a mi parecer es equivocado”, insistió.

Aguayo además cuestionó el hecho de que el Gobierno avance sin contar con un respaldo que vaya más allá de su sector: “No por tener los votos en la Cámara uno tiene la posibilidad de hacer todas las modificaciones que le gustaría hacer. Hay un respeto a la deliberación pública que yo creo que no está siendo satisfecho”, dijo.

Por su parte, el cientista político e investigador del centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Jorge Codero, estimó que la “opinión pública tiende a exagerar un poco las cosas” y que en base a la reforma constitucional en seguridad, no se puede decir “que el Gobierno esté decantando en algo autoritario o de extrema derecha”. 

Cordero afirmó que el estado de excepción constitucional contenido en la reforma constitucional, efectivamente, es “problemático”. Sin embargo, sostuvo que la propuesta no necesariamente viene de una convicción, sino que de una estrategia del Gobierno, de iniciar el debate con ideas “rimbombantes”.

“Es decir, presentamos una medida que puede ser un poco más radical que el resto de los otros puntos que están en este mismo proyecto. Hay que ver cómo se aborda el debate.  Si los 120 días y la prórroga de ocho meses se aborda como principio o como algo de carácter cuantitativo, que puede modificarse; si podemos quedarnos en en estados de excepción de 40 días; si las atribuciones se pueden ir reduciendo o focalizando en contextos particulares. Ahí dejaríamos de estar ante una medida que pueda ser poco razonable”, aseveró.

A lo anterior, el investigador de Faro UDD agregó que ha visto disposición del Gobierno para moderar sus posturas: “La propia UDI en su momento, cuando teníamos estos borradores de proyectos presentó ciertas discrepancias y cuando uno observa este proyecto de ley, esas discrepancias se incorporaron. Entonces, uno ve que también hay disposición a moverse del punto de origen”.