A ciento cincuenta días del inicio del gobierno de José Antonio Kast, la vivienda ha cobrado un protagonismo inesperado. Ya sea por la promesa del presidente en la cuenta pública de crear “un país de propietarios“, o por los exabruptos mediáticos del ministro Iván Poduje.
Pero en medio del ruido mediático, se hace necesaria una lectura atenta de las medidas que pretenden abordar la paradoja que vive Chile en materia habitacional, en que un déficit de 500 mil viviendas convive con 100 mil unidades nuevas sin vender ni ocupar, debido a sus valores inalcanzables para quienes no cuentan con un techo propio.
Ante el análisis que realizamos desde Nodo XXI, salta la pregunta ¿existe realmente una estrategia destinada a hacerse cargo del déficit habitacional o estamos más bien ante una agenda económica orientada a favorecer la industria inmobiliaria?
Si bien el gobierno ha basado sus diagnósticos en la necesidad de reducir el déficit, las medidas anunciadas se han enfocado en mejorar las condiciones de rentabilidad del sector inmobiliario. Es la ortodoxia liberal aplicada a la vivienda: una teoría del chorreo versión inmobiliaria que confía en que las mayores ganancias del sector se traduzcan, eventualmente, en menores precios para las familias.
Pero una política habitacional efectiva no puede limitarse a las condiciones del mercado privado. Requiere planificación. Es decir, regular el suelo, orientar la localización de proyectos y desarrollar alternativas para quienes no pueden acceder a crédito hipotecario. El problema no es el apoyo al sector inmobiliario, sino que esa agenda de reactivación sustituya a la política social misma, dejando a la población sin vivienda a merced del mercado.
Esta orientación presenta tres problemas centrales.
Primero, que se anuncian medidas orientadas a reducir el costo de construcción, sin asegurar menores precios para las familias y no solo mayores ganancias para los desarrolladores. La modificación a la OGUC para flexibilizar el uso de suelo es, quizás, el ejemplo paradigmático de esto.
Segundo, el problema es redistributivo. La megarreforma tributaria mejora las condiciones de quienes más tienen a costa de quienes más necesitan: exime de contribuciones a personas mayores con mayor patrimonio, perjudicando el presupuesto municipal de las comunas más vulnerables, y otorga beneficios tributarios a la compra de terceras viviendas con fines rentistas. La promesa de “país de propietarios” se contradice así con medidas que, en la práctica, benefician a los arrendadores.
Tercero, preocupa el debilitamiento del Estado en materia urbana. Se reduce el presupuesto municipal mientras se traspasa más carga a los municipios mediante iniciativas como Eriazo Cero, y la Operación Sitio 2.0 deja en manos de las familias y el mercado la materialización del acceso a vivienda propia.
En definitiva, no hay plan de vivienda y en cambio se avanza con medidas inconexas cuyo único hilo conductor es su talante pro-mercado, trasladando recursos a empresas y grandes tenedores de vivienda en desmedro de las familias sin casa propia y de las instituciones públicas.
La misma lógica de Quiroz en Hacienda se repite con Poduje en Vivienda: un ministro que gobierna desde el titular y la confrontación comunicacional, mientras sus medidas concretas desplazan la política social hacia los intereses del mercado. No basta con prometer un país de propietarios, si en el camino convierten a Chile en un país de inmobiliarias.
