Durante los últimos días, la discusión sobre los Fondos Cultura 2027 ha circulado principalmente entre artistas, gestores, organizaciones culturales y personas que trabajan en el sector. Es comprensible: para muchas de ellas, estos fondos constituyen una de las principales posibilidades de financiar procesos de creación, investigación, formación y circulación. Pero sería un error pensar que estamos frente a una discusión gremial.

Lo que está en juego no afecta solamente a quienes trabajan en cultura. Tiene que ver con qué entendemos por democracia, con el lugar que damos a la libertad de creación y con la relación que queremos construir entre el Estado y aquello que una sociedad puede imaginar, expresar y discutir.

Las nuevas bases de los Fondos Cultura 2027 incorporan una serie de cambios relevantes. Hay recortes presupuestarios importantes, pero no homogéneos: algunas líneas disminuyen, otras se mantienen o incluso crecen muy levemente, mientras varias vinculadas a becas, investigación y creación sufren reducciones mucho mayores. Por ejemplo, las convocatorias registran caídas superiores al 50% en algunas líneas de Becas Chile Crea y reducciones significativas en creación literaria, artes escénicas y formación audiovisual.

Pero la discusión más importante no está solamente en los montos. En conjunto, los documentos emitidos por la Unión Nacional de Artistas (UNA) describen no solo una disminución de recursos, sino un rediseño de la relación entre el Estado y el campo cultural.

Para comprender la profundidad de estos cambios también es necesario recordar de dónde viene la institucionalidad que hoy los administra. La institucionalidad cultural chilena no apareció por generación espontánea ni fue simplemente diseñada desde un escritorio. Es producto de décadas de trabajo y organización de artistas, creadoras y creadores, gestores y trabajadores de la cultura; de discusiones acerca del papel que debía cumplir el Estado después de la dictadura; de consejos sectoriales, leyes, políticas públicas y sucesivos acuerdos acerca de cómo garantizar el desarrollo cultural sin convertir al gobierno de turno en árbitro de aquello que merece ser creado.

Ese proceso está lejos de ser perfecto. El sistema de fondos concursables tiene problemas conocidos y largamente discutidos: obliga a buena parte del sector cultural a vivir proyecto a proyecto, consume enormes cantidades de tiempo en postulaciones y rendiciones y no resuelve adecuadamente la necesaria continuidad de organizaciones, espacios y trayectorias. Pero precisamente porque conocemos sus debilidades, resulta todavía más importante que cualquier transformación significativa se construya a partir de diagnósticos, datos y evaluación de la experiencia acumulada.

Y eso es parte de lo preocupante de las modificaciones de 2027. En las nuevas bases aparecen restricciones a la continuidad de proyectos, cambios en las condiciones de participación de evaluadores, debilitamiento de mecanismos de equidad de género, nuevas exigencias para creadores extranjeros y modificaciones importantes en formación e investigación. Algunas de estas decisiones alteran mecanismos construidos precisamente para responder a problemas detectados durante años de funcionamiento del sistema.

El actual ministerio no ha acompañado estos cambios con argumentos o evidencia suficiente que permita comprender qué diagnóstico sustenta este conjunto de modificaciones. Y esa ausencia importa. Porque una cosa es revisar una política pública después de evaluar sus resultados y otra muy distinta es modificar sus principios de funcionamiento sin explicar qué problema se intenta resolver, con qué evidencia y cuáles son las consecuencias esperadas. Las políticas culturales son políticas públicas. Y las políticas públicas democráticas no deberían depender únicamente de la voluntad de la autoridad que circunstancialmente las administra. Necesitan datos, evaluación, participación y memoria institucional.

Es en ese contexto donde la discusión sobre libertad de creación adquiere una dimensión todavía mayor. Entre todos los cambios introducidos en las bases 2027 hay uno que debería llamar especialmente nuestra atención. Se establece que no serán considerados proyectos cuyos contenidos se encuentren comprendidos en determinadas categorías de la Ley 19.846 sobre calificación cinematográfica: específicamente, aquellas referidas a contenidos pornográficos o excesivamente violentos.

El problema es que esa ley fue creada para otro propósito. Su función es permitir que un Consejo de Calificación examine obras audiovisuales terminadas y determine las condiciones de su exhibición pública. Ahora esas mismas definiciones están siendo utilizadas para decidir si proyectos artísticos que todavía no existen pueden siquiera ser considerados para recibir financiamiento estatal. Y no estamos hablando solamente de cine: el criterio se incorpora a convocatorias correspondientes a distintas disciplinas artísticas.

Si durante décadas se fue construyendo una institucionalidad que buscaba separar el fomento público de la decisión gubernamental sobre los contenidos de las obras, introducir ahora un criterio que permite excluir proyectos por aquello que pretenden representar no es una modificación administrativa menor. Altera una lógica sobre la cual se ha construido buena parte de nuestra política cultural.

Las preguntas aparecen inmediatamente: ¿Quién decidirá que un proyecto todavía no realizado es excesivamente violento? ¿Con qué criterios? ¿Quién distinguirá entre pornografía y una investigación artística sobre sexualidad, entre violencia excesiva y una obra sobre tortura, dictadura, violencia patriarcal o guerra? ¿Qué ocurrirá con una performance que trabaja con el cuerpo o con el desnudo?

Las bases no explican con claridad quién realizará esa evaluación, mediante qué procedimiento ni con qué criterios se tomarán esas decisiones.Precisamente ahí comienza la conversación que deberíamos tener como sociedad. En un país donde los fondos públicos cumplen un papel central en la posibilidad efectiva de desarrollar proyectos culturales, excluir determinadas ideas antes de que sean evaluadas por su mérito implica tomar una decisión sobre cuáles contenidos el Estado considera dignos de ser apoyados.

La discusión, entonces, no consiste simplemente en decidir si el Estado puede establecer criterios para entregar recursos públicos. Evidentemente puede y debe hacerlo. Todo fondo tiene prioridades, límites y mecanismos de selección. La pregunta democrática es otra: ¿quién define esa selección?

La cultura es uno de los espacios donde una sociedad procesa aquello que le resulta incómodo: la violencia, la sexualidad, el poder, la memoria, la muerte, la religión, la desigualdad, las identidades, los conflictos históricos. Muchas de las obras que hoy forman parte de nuestro patrimonio fueron incómodas, provocadoras o difíciles en el momento en que aparecieron.

Una democracia no se fortalece solamente protegiendo aquellas expresiones con las que la mayoría está de acuerdo. Se fortalece garantizando que existan espacios donde las sociedades puedan hacerse preguntas que todavía no saben responder. Por eso esta discusión no pertenece únicamente al mundo cultural.

La libertad de creación artística no es un privilegio de los artistas. Es una dimensión de la libertad de expresión y, sobre todo, una condición para que una sociedad pueda pensarse a sí misma. La libertad de expresión tampoco existe exclusivamente para proteger aquello que resulta razonable, agradable o consensuado. Existe precisamente para permitir que podamos discutir, incomodarnos, disentir y poner en cuestión aquello que creemos saber.

Los cambios en los Fondos Cultura 2027 deberían importarnos, entonces, incluso si nunca hemos postulado a un fondo, incluso si no trabajamos en cultura, incluso si jamás entraremos a una sala de teatro experimental o veremos una performance incómoda.

No necesitamos defender los Fondos Cultura porque sean perfectos. Podemos y debemos discutir sus deficiencias. Lo que necesitamos defender es que políticas culturales construidas durante décadas de organización, discusión, aprendizaje y acuerdos no sean transformadas sin evidencia suficiente, deliberación pública y respeto por los principios democráticos que les dieron origen.

Porque cada vez que una sociedad establece nuevos límites respecto de aquello que puede imaginarse, decirse o representarse, la pregunta que aparece no es solamente qué pasará con los artistas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos ser.

Una política cultural democrática no consiste en financiar cualquier cosa sin criterios. Consiste en construir instituciones capaces de distribuir recursos públicos sin transformar las preferencias morales o ideológicas de un gobierno circunstancial en los límites de lo imaginable. Los gobiernos cambian. Las libertades que aceptamos restringir pueden quedarse mucho más tiempo.