En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, cuestionó la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional por la norma que establece reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe.
Núñez llegó este lunes hasta el Tribunal Constitucional junto a la senadora Karol Cariola para presentar un escrito en defensa de la disposición aprobada por el Congreso. El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo sostenga que la norma está fuera de las ideas matrices de la llamada megarreforma de catástrofes.
A su juicio, resulta “realmente incomprensible” que el Gobierno cuestione una indicación que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado y que establece que, ante situaciones como incendios, terremotos o aluviones, los servicios básicos sean reconectados con cargo a las empresas.
El senador sostuvo que los argumentos relacionados con las dificultades técnicas para realizar las reconexiones tampoco justifican el rechazo del Ejecutivo. Según explicó, la norma contempla plazos de 24 horas para el agua y 48 horas para la electricidad y el gas, además de establecer que la reposición se realiza una vez que el afectado la solicita.
Para Núñez, el punto central es quién debe asumir el costo de la reconexión. “Si se corta la luz porque en un temporal se cayó el poste y el poste tiene la conexión a mi casa, bueno, la empresa eléctrica tiene que volver a parar el poste y obviamente parar también la conexión a las casas de las personas”, afirmó.
El parlamentario acusó al Ejecutivo de actuar de manera “un poquito autoritaria” al cuestionar una norma aprobada por el Congreso. En esa línea, sostuvo que recurrir al argumento de que la disposición está fuera de las ideas matrices es “una chiquiñuela que no tiene ningún sustento”.
Consultado por las razones que explicarían la postura del Ejecutivo, Núñez apuntó directamente contra la relación de las autoridades de La Moneda con las empresas de servicios básicos. “Yo creo que es algo más del fanatismo proempresarial en que cae el Gobierno”, afirmó.
Según Núñez, existe presión de las grandes empresas eléctricas, sanitarias y de gas. El senador sostuvo que estas compañías habrían manifestado su molestia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y acusó al secretario de Estado de “bailar la música que le ponen las grandes empresas”.
Secreto bancario y reconstrucción en el norte
En materia de seguridad, el parlamentario también abordó el proyecto de levantamiento del secreto bancario y la ley de inteligencia económica, actualmente en una comisión mixta.
Núñez manifestó su expectativa de que la instancia mantenga la posibilidad de levantar preventivamente el secreto bancario cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detecte sospechas fundadas de personas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico.
“Queremos que tenga más robustez, más atribuciones”, señaló respecto del rol de la UAF, y destacó la necesidad de contar con herramientas que permitan detectar recursos provenientes de actividades ilícitas dentro del sistema financiero.
El senador cuestionó que el Gobierno no haya otorgado prioridad a esta iniciativa pese a que, a su juicio, constituye una herramienta relevante para combatir al crimen organizado. “Me llama mucho la atención, diría que es sospechoso, que el Gobierno en toda su agenda de seguridad no puso ninguna prioridad en la ley de inteligencia económica”, sostuvo.
Núñez contrastó esa situación con el impulso que, según afirmó, el Ejecutivo ha dado a una reforma constitucional que considera relacionada con restricciones de libertades.
En su opinión, el Gobierno debería priorizar iniciativas destinadas a seguir el dinero del narcotráfico y el crimen organizado, como la inteligencia económica y la agencia de decomiso. “Yo creo que acá directamente hay un temor del Gobierno de quitarle realmente las platas al mundo del narcotráfico y crimen organizado”, afirmó.
En tanto, el senador expresó su preocupación por el plan de reconstrucción anunciado por el Ejecutivo para las regiones de Coquimbo y Atacama, particularmente por la posibilidad de financiar parte de las obras mediante la venta de activos fiscales.
El parlamentario puso como ejemplo la eventual venta de terrenos fiscales en La Serena donde existen proyectos de viviendas sociales y afirmó que sería “muy canalla” utilizar esos terrenos para financiar la reconstrucción.
Por lo tanto, junto al diputado Luis Cuello, anunció que solicitaron información al Consejo para la Transparencia para conocer cuáles son los bienes que el Gobierno considera prescindibles y que eventualmente podrían ser vendidos.
Núñez acusó que la reconstrucción estaría siendo utilizada para impulsar una agenda de privatizaciones: “Creo que acá se está usando la reconstrucción de la región de Coquimbo, Atacama, una tragedia que nosotros estamos viviendo como excusa para instalar una agenda privatizadora que el Gobierno ya tenía decidida”.
