Sin información clara, con un suspenso en torno al estado del tratado de libre comercio y las exigencias norteamericanas. Así concluyó este martes en Santiago la segunda y última jornada de negociaciones entre los equipos diplomáticos y comerciales de Chile y Estados Unidos por los aranceles impuestos por Washington.

La delegación norteamericana estuvo encabezada por Jeffrey Goettman, número dos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, quien sostuvo reuniones con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Sin embargo, después de poco más de una hora de conversaciones, Cancillería informó que no entregaría nuevos antecedentes. Tampoco se conoció públicamente la hoja de ruta que se esperaba para ordenar las conversaciones de las próximas semanas.

¿Qué se negocia y cuál es la posición de Chile?

El objetivo inmediato de Chile es conseguir nuevas excepciones al arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso a fines de julio, y que afecta aproximadamente al 40% de la canasta exportadora chilena destinada a ese mercado.

Entre los sectores perjudicados aparecen el salmón y otros productos pesqueros, frutas frescas y procesadas, vinos, productos forestales, carnes y distintos alimentos. El cobre y otros minerales críticos, en cambio, quedaron exentos. Para dimensionar el impacto, Frutas de Chile calcula que solamente durante la temporada 2026-2027 las pérdidas podrían alcanzar los 388 millones de dólares si no se consiguen nuevas exclusiones.

Pero quedarse en esas cifras es mirar solamente la superficie del problema. La controversia más importante es qué tipo de relación comercial está intentando establecer Estados Unidos con Chile.

Nuestro país ya negoció estas condiciones hace más de dos décadas. El tratado de libre comercio (TLC) bilateral está vigente desde 2004 y desde enero de 2015 el comercio de mercancías quedó con arancel cero. Washington no derogó jurídicamente ese tratado, pero recurrió a su legislación interna para imponer una sobretasa sobre productos que, conforme al acuerdo existente, debían entrar sin aranceles.

En otras palabras: el TLC continúa vigente, pero una parte sustantiva de su beneficio quedó neutralizada unilateralmente.

Ahí aparece la primera interrogante de fondo. El desafío es determinar si el país cuenta con una estrategia clara y coordinada para enfrentar una política exterior estadounidense cada vez más coercitiva. Washington está demostrando que está dispuesto a utilizar su peso comercial, el acceso a su mercado como herramientas de presión y de castigar a aliados ideológicos, para lograr sus objetivos.

Frente a ese escenario, la pregunta es si el Gobierno chileno tiene definidas sus líneas rojas, las concesiones que está dispuesto —o no— a realizar y una posición común entre Cancillería, los ministerios involucrados y el resto del estado.

TLC o un nuevo acuerdo

El problema se vuelve todavía más evidente con la posibilidad de un nuevo Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés). Estados Unidos habría planteado esta alternativa durante los meses anteriores, permitiendo reducir el nuevo gravamen desde 12,5% hasta aproximadamente 10% a cambio de nuevos compromisos.

Chile optó inicialmente por no aceptar esa fórmula precisamente porque ya posee un TLC que ofrece condiciones mejores. Pero las declaraciones posteriores de las autoridades han mantenido abierta la pregunta sobre si algún tipo de nuevo acuerdo sigue siendo una posibilidad y, especialmente, qué estaría solicitando Washington a cambio.

Ahí está precisamente la asimetría. Estados Unidos utiliza el tamaño de su mercado como instrumento de presión sobre Chile, mientras nuestro país difícilmente puede ejercer una presión equivalente sobre Washington. Por eso lo que cambia bajo esta nueva lógica comercial es que la relación comienza a transformarse en una concesión política condicionada, negociable y eventualmente reversible a antojo de Estados Unidos.

Estados Unidos está planteando una relación claramente asimétrica y coercitiva, reabriendo unilateralmente compromisos ya negociados, dejando la vigencia efectiva del TLC en suspenso.

El problema, entonces, es para el gobierno de José Antonio Kast, que debe definir cuánto está dispuesto a entregar en concesiones a Estados Unidos, sin que quede claro qué obtiene Chile a cambio, qué garantías recibe ni qué marco estable regirá la relación en el largo plazo.

Esa falta de claridad, sumada a declaraciones contradictorias de ministros frente a las relaciones con EE.UU., pone en duda la existencia de una estrategia política integral frente a Washington. El asunto no puede limitarse a una negociación técnica para conseguir excepciones o mantener abierto el diálogo; involucra la capacidad del Gobierno —más aún tratándose de administraciones afines política e ideológicamente— para jugar sus cartas, posicionar los intereses de Chile y evitar que el país simplemente se someta a la relación que Estados Unidos busca imponer.

Para Chile existe además una dimensión institucional. Si un nuevo acuerdo simplemente desarrollara mecanismos administrativos del TLC vigente, el Ejecutivo tendría un margen considerable para implementarlo. Pero si introduce nuevas obligaciones, modifica concesiones previamente negociadas o consolida un arancel distinto al cero aprobado originalmente, entonces aparece la discusión sobre las atribuciones del Congreso.

La Constitución establece que los tratados internacionales deben recibir aprobación legislativa y que sus disposiciones solamente pueden modificarse o suspenderse conforme al propio tratado o al derecho internacional. Por eso un eventual nuevo instrumento difícilmente podría considerarse una simple actualización técnica si altera sustancialmente las condiciones originales.

Intereses nacionales y particulares, en medio de una nueva estrategia

A eso se suma otro elemento, los perfiles de quienes conducen la relación. Paula Estévez llegó a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales después de haber dirigido hasta marzo de este año AmCham Chile (Cámara Chilena Norteamericana de Comercio), organización estrechamente vinculada a los intereses empresariales de la relación económica bilateral.

El canciller Francisco Pérez Mackenna, por su parte, llegó a Cancillería después de una extensa trayectoria empresarial, particularmente al frente de Quiñenco y en distintos directorios vinculados a sectores económicos con relevantes conexiones con algunos sectores productivos afectados.

No significa que exista, per se, un conflicto de interés, plantearlo de esa manera sería ir más allá de la evidencia disponible. Pero el problema es que cuando quienes deben representar al estado provienen directamente de sectores privados se ven afectados por las mismas decisiones que ahora deben negociar, aumentan necesariamente las exigencias de transparencia, declaraciones de intereses, mecanismos de abstención y control político. 

La pregunta relevante no es solamente si existe jurídicamente un conflicto de interés, sino cómo se garantiza que la posición negociadora responda a una definición amplia del interés nacional y no solamente a las demandas inmediatas de determinados sectores económicos por sobre otros también afectados.

Durante las últimas tres décadas Chile intentó compensar su reducido peso internacional mediante una política exterior basada en la apertura comercial, la diversificación de mercados, una amplia red de tratados y la defensa de reglas relativamente estables. Hoy Estados Unidos está poniendo esa lógica a prueba. Mantiene formalmente el TLC, pero modifica unilateralmente algunas de sus condiciones y luego abre nuevas negociaciones para definir qué debe hacer Chile para recuperar parte de aquello que ya había obtenido.

Por eso el problema de fondo supera ampliamente el 12,5%. Si Chile comienza a responder únicamente mediante excepciones producto por producto y nuevas concesiones bilaterales, sin una estrategia clara que establezca qué intereses son irrenunciables y sin poner por encima otros intereses que no sean los estratégicos del Estado, podría avanzar hacia una relación mucho más reactiva y sometida al poder estadounidense.

Es precisamente dentro de ese vacío estratégico donde el silencio sobre las negociaciones, las diferencias dentro del gobierno y los vínculos empresariales previos de quienes las conducen adquieren mayor importancia. No porque demuestren una captura de la política exterior, sino porque vuelven mucho más urgente responder una pregunta básica, quién está definiendo hoy el interés nacional chileno, bajo qué criterios y hasta dónde está dispuesto Chile a defenderlo.