No hay agua en la piscina: pese a intentos, Gobierno no logra alinear apoyos del oficialismo a la reforma constitucional

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.

La decisión de retirar la suma urgencia de la reforma constitucional en seguridad y los esfuerzos del Gobierno por dialogar con los parlamentarios de su sector aún no rinden frutos. Las críticas al proyecto, de parte de legisladores que en otras oportunidades han apoyado al Ejecutivo, se mantienen.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió este martes con el senador de Demócratas, Matías Walker, con la idea de convencer a quien había sido uno de los principales críticos a la reforma constitucional. El intento, sin embargo, terminó siendo infructuoso, pues a la salida de la cita Walker confirmó que rechazará la idea de legislar.

El senador sostuvo que incluso si el nuevo estado de excepción constitucional —el elemento más criticado de la reforma— es modificado, no apoyaría la iniciativa, pues considera que no es necesaria una reforma a la Constitución para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

“Tengo una discrepancia de fondo, yo creo que no es necesario una nueva Constitución para que el Estado asuma las facultades que tiene para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”, estimó.

Senador Matías Walker.
Senador Matías Walker. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Una posición algo más moderada tuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien en cambio instó al Gobierno a sacar de la reforma el nuevo estado de excepción constitucional para conseguir un mayor respaldo.

La militante de Renovación Nacional (RN) recalcó que es necesario aplicar “realismo legislativo” y tener en cuenta que la reforma, al igual que todo proyecto de ley, “se tiene que votar en general, para luego empezar a discutir artículo por artículo”.

“Dentro de la reforma hay algunas que tienen mucho sentido y que pueden tener apoyos y hay otras medidas que directamente no están concitando apoyo ni siquiera en nuestro sector, como es, por ejemplo, el estado de excepción constitucional así como está”, indicó.

Presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Presidenta del Senado, Paulina Núñez. Foto: Aton.

Los cuestionamientos a la reforma constitucional incluso traspasaron las barreras del Congreso. El alcalde de Providencia y militante de la UDI, Jaime Bellolio, se plegó a la postura de la oposición respecto a que lo más adecuado sería que el Gobierno retire el proyecto.

Bellolio advirtió que con el nuevo estado de excepción se podría caer,“eventualmente, en una lógica autoritaria” y recordó que en Venezuela, Hugo Chávez “construyó parte de su dictadura a partir de estados de excepción”.

Sus dichos molestaron al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien llamó “a las personas que opinan, que lean el proyecto y se informen un poco”.

Jaime Bellolio.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. Foto: Aton.

“Lo que estamos proponiendo aquí son estados de excepción constitucional muy parecidos a los que existen hoy día. Con lógicas diferentes, para hacernos cargo del crimen organizado, pero esa es la única diferencia. Todas las facultades que están ahí, están contenidas hoy día en nuestro ordenamiento constitucional, en diferentes estados de excepción constitucionales”, aseguró el secretario de Estado.

Cabe mencionar que el nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el Gobierno en su reforma constitucional, podría ser invocado ante amenazas graves a la seguridad pública y contempla la restricción de varias libertades personales, por un plazo de hasta ocho meses sin pedir autorización del Congreso. En el oficialismo, no solo se ha criticado tal plazo, sino que también la posibilidad de que se realicen interceptaciones telefónicas sin autorización judicial.





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