Los retrocesos democráticos ya no son solo el cierre del Congreso o la suspensión de elecciones. Hoy avanzan de forma mucho más silenciosa: debilitando instituciones, relativizando derechos y desmantelando políticas públicas construidas durante décadas. Con demasiada frecuencia, los derechos de las mujeres son uno de los primeros lugares donde ese retroceso se hace visible.

Una democracia constitucional también supone límites al poder, instituciones capaces de controlar a quienes gobiernan, organismos autónomos que ejerzan sus funciones sin presiones políticas y garantías que ninguna mayoría circunstancial pueda eliminar simplemente porque resultan incómodas para su programa de gobierno.

Reducir la democracia al acto de votar significa dejar de observar todo aquello que ocurre entre una elección y otra. Significa dejar de preguntarnos qué sucede cuando los órganos de control incomodan al poder, cuando las políticas públicas construidas durante décadas son desmanteladas por razones ideológicas o cuando los derechos fundamentales comienzan a ser presentados  como obstáculos que deben removerse.

Precisamente porque entendemos la democracia desde esa perspectiva, desde Corporación Humanas hemos impulsado este año una Auditoría a la Democracia. Su propósito es identificar y documentar aquellas alertas que, consideradas en su conjunto, pueden revelar  un proceso de deterioro democrático.

La experiencia comparada muestra que las democracias contemporáneas rara vez colapsan de un día para otro. Retroceden gradualmente. Lo hacen mediante la acumulación de decisiones que, observadas  de manera aislada, pueden parecer menores pero que, en conjunto, comienzan a revelar un patrón: una política pública eliminada, un derecho relativizado,-una institución debilitada, una regla modificada. Durante estos primeros meses de gobierno hemos observado la eliminación del criterio de paridad en los comités consultivos para el Presupuesto 2027; una propuesta de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos que busca redefinir sus atribuciones y eliminar su facultad de presentar querellas; una propuesta de reforma al Tribunal Constitucional; y una reforma económica que incorpora mecanismos de invariabilidad tributaria por veinticinco años, reduciendo el margen de decisión dfe futuras mayorías democráticas.

Leídos de forma aislada, estos hechos pueden parecer discusiones distintas. Observados en conjunto, comienzan a delinear una determinada concepción de la democracia. Una donde las instituciones son valiosas mientras acompañan el programa político del gobierno; los órganos autónomos son legítimos mientras no fiscalicen; las políticas públicas sobreviven únicamente si coinciden con la orientación ideológica del Ejecutivo; y  las reglas pueden modificarse cuando dejan de facilitar los objetivos de quienes ejercen el poder.

Ese es precisamente el riesgo. Las instituciones dejan de operar como límites al poder para convertirse en instrumentos del poder. Sin embargo, su razón de ser es exactamente la contraria:  proteger derechos, resguardar a las minorías y a grupos históricamente discriminados, garantizar controles efectivos y evitar que una mayoría circunstancial pueda redefinir, por sí sola, las bases del Estado de Derecho.

¿Por qué detenerse entonces en los derechos de las mujeres? Porque históricamente los proyectos políticos que buscan redefinir el alcance de la democracia han encontrado precisamente allí uno de sus primeros campos de disputa.

No es casualidad que, en distintos lugares del mundo, el avance de proyectos políticos autoritarios y de extrema derecha haya ido acompañado por restricciones al aborto, ataques a la educación sexual integral, discursos pronatalistas, cuestionamientos a las políticas de igualdad, desfinanciamiento de programas destinados a reducir brechas y una creciente hostilidad hacia el feminismo.

Desde hace décadas, el feminismo sostiene que la igualdad y los derechos de las mujeres no constituye una agenda identitaria, sino una condición para la democracia. Porque una democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También exige que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, ejercer autonomía sobre sus proyectos de vida y contar con  instituciones comprometidas con la protección efectiva de sus derechos.

Quizás por eso un diputado oficialista llamó recientemente  a las feministas a “callarse”. No se trata simplemente de una descalificación. Es la expresión de una concepción política que entiende al feminismo no como un actor legítimo del debate democrático, sino como un obstáculo que debe ser desacreditado cuando cuestiona el ejercicio del poder.

Ninguna de estas decisiones, por sí sola, destruye la democracia. El riesgo está precisamente en su acumulación y en cómo, en conjunto, van modificando la relación entre el poder, las instituciones y los derechos.

Lo que comienza a observarse es una comprensión de la democracia, en que los derechos humanos, las instituciones y los contrapesos son aceptados solo mientras no obstaculicen el proyecto político del gobierno. Bajo esa lógica, los avances conquistados por las mujeres dejan de entenderse como compromisos permanentes  del Estado y pasan a considerarse, decisiones reversibles cada vez que  cambia la mayoría política.

Quienes defendemos los derechos de las mujeres no estamos promoviendo una agenda sectorial  frente a otras prioridades del país. Estamos defendiendo uno de los pilares de toda democracia constitucional: la convicción de que existen instituciones, derechos y garantías que deben permanecer precisamente cuando resultan incómodos para quienes ejercen el poder.

Porque cuando las reglas solo se respetan mientras favorecen al gobierno; cuando los órganos de control son legítimos únicamente si no controlan; cuando las políticas de igualdad se eliminan por razones ideológicas; y cuando la autonomía de las mujeres vuelve a convertirse en objeto de disputa política, lo que comienza a erosionarse no son los derechos de las mujeres, sino la democracia misma.

La historia del feminismo ha consistido en ampliar la democracia y defenderla cuando intenta retroceder. Esa sigue siendo, hoy, una de sus tareas fundamentales.