El Gobierno está evaluando presentar un proyecto de ley que aplace por un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, que fue despachada por el Congreso en agosto de 2024.

El cuerpo legal comienza a regir el próximo 1 de diciembre y establece exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos.

Las grandes empresas, sin embargo, han argumentado que existe una falta de certeza jurídica al respecto, ya que la agencia estatal encargada de supervisar el tema aún no se constituye, pese a que debía estar operando a más tardar el 1 de junio.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo este lunes que la Ley de Protección de Datos Personales “es bien importante, por tanto, queremos que su implementación sea de la mejor forma posible”. “Si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”, dijo.

La ley establece un nuevo régimen de infracciones y significativas sanciones económicas a eventuales empresas infractoras, las que fluctuarían, inicialmente, entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM). Pero incluso esos valores podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma, si la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) que crea la ley, detecta conductas reincidentes y agravantes.

La agencia no ha empezado a funcionar, dado que el Gobierno propuso una nómina para encabezar su consejo, pero esta fue rechazada por el Senado en mayo, entre otras razones, porque los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político.

En paralelo, el Ejecutivo ha alegado que existe dificultad para encontrar profesionales que cumplan con los requisitos exigidos en la ley, que establece dedicación exclusiva al cargo y una serie de inhabilidades e incompatibilidades, con remuneraciones que han sido calificadas como “bajas”.

Los cambios que evalúa el Gobierno

De acuerdo a información publicada por el diario La Tercera, la idea del Gobierno es que la agencia empiece a operar el próximo 1 de diciembre, y que un año después de eso entre en vigencia la ley, el 1 de diciembre de 2027.

De todas maneras, es un tema que está siendo socializado con algunos senadores, por lo que tampoco se descarta que el plazo de postergación pueda ser algo menor a ese, si es que aplazar la ley en 12 meses no encuentra respaldo requerido en el Congreso.

El senador de Demócratas, Matías Walker es un detractor de la iniciativa. A su juicio, “sería muy negativo” postergar la entrada en vigencia de la ley “por la falta de capacidad del poder político de ponerse de acuerdo en el consejo que tiene que velar por su implementación”.

“Me parece una razón completamente inaceptable. Yo no voy a ser parte de una negligencia en la aplicación de una ley que nosotros mismos aprobamos y que estuvo mucho tiempo en tramitación”, indicó.

La decisión del Gobierno respecto a qué ocurrirá con la Ley de Protección de Datos se dará esta semana —tras una reunión entre el ministro de la Segpres, José García Ruminot y el biministro Mas— y el anuncio oficial podría realizarse la próxima.

Además de aplazar su entrada en vigencia, el Ejecutivo también contempla ajustes para habilitar la puesta en marcha de la agencia. La fórmula sería aumentar el número actual de consejeros de tres a cinco y aumentar su salario, lo que podría hacerse por la vía de la interpretación de la norma actual, y sin necesidad de hacer cambios a la ley.

La idea es que el sueldo vaya desde los 7 o 6 millones de pesos que se contemplan actualmente, a los 12 o 13,5 millones mensuales.

El presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD), Marcelo Drago, se reunió este lunes con el ministro García Ruminot para hablar sobre los cambios que evalúa hacer el Ejecutivo. Tras la cita en La Moneda, Drago afirmó que “se nota un ánimo de implementar la ley de protección de datos” y “buscar los mecanismos para la mejor implementación de la ley”.

“Creemos que las medidas que están barajando son, en general, muy positivas”, estimó.