El Presidente José Antonio Kast presentó este martes la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia de 12 integrantes que tendrá como tarea revisar la estructura de la administración pública y proponer cambios al número y funcionamiento de los ministerios. La conformación generó críticas desde partidos que no fueron incluidos en el grupo.
La comisión deberá revisar el número de carteras, detectar funciones que se superponen y proponer una estructura que permita reasignar recursos. Las modificaciones que requieran cambios legales deberán ser enviadas posteriormente al Congreso.
Durante la presentación, Kast recordó que Chile pasó de tener 18 ministerios a 25 en las últimas décadas y planteó la necesidad de evaluar si ese crecimiento significó mejores servicios y una gestión más eficiente. El Mandatario descartó adelantar cuántas carteras podrían reducirse y entregó a la comisión la tarea de definir esa propuesta.
El Jefe de Estado también sostuvo que el trabajo deberá incorporar a los funcionarios públicos y que la reforma debe proyectarse más allá de su administración. La instancia podrá escuchar a asociaciones de funcionarios, expertos y otros actores antes de entregar sus propuestas.
La comisión será encabezada por Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y estará integrada por Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo, exdiputado y exembajador en Argentina; Gonzalo Blumel, exministro del Interior y exministro Secretario General de la Presidencia; y Zarko Luksic, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.
También participan Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional; Juan Antonio Urzúa, abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas; Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia; y Natalia Piergentili, expresidenta del PPD.
Completan el grupo Ernesto Silva, exdiputado y expresidente de la UDI; Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados y del Partido Socialista; Andrés Zaldívar, exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado; y Adriana Delpiano, exministra de Defensa.
Las críticas a la conformación de la comisión
La exclusión de distintas fuerzas políticas fue cuestionada por la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans. “El Presidente Kast señaló que quería tener una propuesta de modernización del Estado que trascendiera a su gobierno, pero convoca a una mesa que excluye visiones”, sostuvo.
“Una mesa como esa no va a generar una propuesta que trascienda los cuatro años de su gobierno”, advirtió.
Desde el Frente Amplio, afirmó, existe disposición a participar del debate cuando las propuestas lleguen al Congreso: “Queremos aportar a generar un Estado moderno, eficiente, que le responda a las necesidades de las personas, pero lamentablemente vemos que este gobierno en vez de propiciar la eficiencia y la modernización del Estado lo que busca es debilitarlo”.
El diputado comunista Marcos Barraza apuntó al criterio utilizado por el Ejecutivo para definir a los integrantes. “Llama la atención el criterio con que el Gobierno define la experticia y la incorporación de actores tan relevantes como los partidos políticos al debate público”, señaló.
Barraza sostuvo que, si se busca discutir un rediseño del Estado, “la experiencia concreta de gestión en políticas públicas del Partido Comunista y del Frente Amplio es relevante y necesaria”. A su juicio, “excluir esas experiencias evidencia el sesgo del Gobierno en una discusión que por su importancia debiera incorporar distintas miradas del país”.
Desde el Partido de la Gente, la diputada Zandra Parisi también cuestionó la conformación de la instancia: “Me llama profundamente la atención que el Gobierno presente una comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado que hable de transversalidad y de escuchar distintas miradas, pero que deje afuera al Partido de la Gente”.
Parisi recordó que el PDG cuenta con 14 diputados y sostuvo que ha contribuido “a la gobernabilidad y a construir acuerdos importantes en el Congreso”. La parlamentaria aclaró que el partido no está pidiendo participación por cargos ni cuotas políticas: “Estamos pidiendo que se escuche una mirada que representa a miles de chilenos que están cansados de un gobierno burocrático, caro y muchas veces alejado de sus problemas cotidianos”.
La diputada agregó que, si el objetivo es reducir la burocracia y mejorar el uso de los recursos, “todas las miradas deben estar sobre la mesa”. Asimismo, apuntó al trámite legislativo que deberán enfrentar las futuras propuestas: “Las propuestas de esta comisión finalmente tendrán que pasar por el Congreso, por eso habría sido mucho mejor comenzar este proceso dialogando con quienes después tendrán que discutirlo y votarlo”.
Por parte de Acción Humanista, la diputada Ana María Gazmuri puso el foco en la amplitud de la instancia y en la experiencia de sus integrantes. “Si el Gobierno quiere impulsar una transformación profunda de la arquitectura del Estado, lo primero que debe garantizar es que esa discusión tenga legitimidad y tenga una representación amplia de las distintas miradas que existen en Chile”, planteó.
Gazmuri sostuvo que resulta preocupante que una instancia que definirá cómo se organiza el Estado excluya a sectores como el Partido Comunista, el Frente Amplio y Acción Humanista. “Una reforma de esta envergadura no puede construirse desde una sola mirada política ni convertirse en un ejercicio de confianza entre personas cercanas al gobierno de turno”, afirmó.
La parlamentaria también planteó que la trayectoria política no necesariamente acredita especialización en esta materia. “Hay que ser rigurosos con la experticia, aquí no basta con tener una trayectoria política o haber participado en una determinada instancia institucional para ser necesariamente especialista en arquitectura del Estado, administración pública o diseño institucional”, sostuvo.
Gazmuri agregó que, si la discusión considera qué ministerios se mantienen, cuáles se fusionan o cómo se reasignan recursos, “se necesitaban personas con experiencia, personas con conocimiento demostrado en estas materias”. Y cerró su planteamiento señalando que “el Estado pertenece a todos los chilenos, no al gobierno de turno”.
La posición del Partido Socialista
La incorporación del exministro y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, generó cuestionamientos al interior de la tienda.
En una declaración pública, el PS reiteró “su voluntad de diálogo, siempre teniendo como prioridad el bien de Chile y el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos”, pero señaló que para que ese diálogo sea efectivo debe existir una voluntad de escucha hacia los distintos actores sociales y políticos.
La colectividad sostuvo que, hasta ahora, esa disposición “no se ha expresado por parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast” y planteó que el diálogo debe desarrollarse por los canales institucionales correspondientes.
Por ello, el partido estableció que la participación de militantes socialistas en comisiones, mesas o instancias convocadas por el Ejecutivo será “estrictamente a título personal”, sin que implique representación institucional del PS ni compromiso con sus posiciones o decisiones políticas.
El Partido Socialista señaló que continuará formulando propuestas de políticas públicas e iniciativas legislativas “que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a construir un país más justo, seguro y democrático”.
