El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio curso a una querella presentada por los padres de una adolescente que denuncia haber sido obligada a desnudarse y sometida a actos de carácter sexual por una funcionaria de Gendarmería al interior del Centro de Justicia de Santiago. La acción fue remitida al Ministerio Público para investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades por los delitos de abuso contra particulares y apremios ilegítimos.
Los hechos denunciados ocurrieron el 27 de mayo, luego de que la adolescente fuera detenida la tarde anterior en la Tercera Comisaría de Santiago, hasta donde había acudido a visitar a compañeras de liceo que permanecían recluidas.
De acuerdo con la querella, la menor fue trasladada cerca de las 9:30 horas al Centro de Justicia para su audiencia de control de detención. Mientras permanecía esposada y bajo custodia de Gendarmería, una funcionaria la habría llevado a una habitación sin otras personas, donde cerró la puerta, le retiró las esposas y le ordenó quitarse la ropa, quedando solo con su ropa interior.
Según el relato entregado en la acción judicial, la funcionaria la habría registrado, le habría pedido adoptar distintas posiciones y posteriormente la habría fotografiado. La querella sostiene además que la funcionaria le ordenó abrir la boca e introdujo sus dedos en ella, conducta que la adolescente habría vivido con temor y asco por su carácter sexual.
La funcionaria, según el relato de la víctima, no se habría identificado y habría utilizado vestimenta correspondiente a Gendarmería de Chile sin portar una placa identificatoria visible.
Tras el episodio, la adolescente fue trasladada nuevamente con los funcionarios que mantenían su custodia. De acuerdo con la querella, posteriormente fue llevada a un calabozo junto a otros dos jóvenes detenidos por razones distintas. En ese lugar, un funcionario de Gendarmería habría amenazado a los tres detenidos con una luma.
La audiencia de control de detención se realizó durante la mañana del 27 de mayo y, posteriormente, la adolescente quedó en libertad.
La querella sostiene que desde su detención y hasta su presentación ante el tribunal permaneció bajo custodia de funcionarios públicos. Además, plantea que la conducta denunciada le habría provocado consecuencias psicológicas posteriores.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentra la realización de una evaluación psicológica conforme al Protocolo de Estambul, además de requerir a Gendarmería información sobre el personal que se encontraba de turno el día de los hechos.
La acción también solicita incautar el teléfono de la funcionaria denunciada para determinar si en el dispositivo se encuentra la fotografía que, según el relato de la adolescente, habría sido tomada durante el procedimiento. A esto se suma la solicitud de antecedentes a la Tercera Comisaría de Santiago para establecer quién trasladó a la menor hasta el Centro de Justicia y estuvo a cargo de su custodia.
Las abogadas de CODEPU, Mariela Santana y Renata Juica, representan a los padres de la adolescente en la causa. Santana sostuvo que los hechos denunciados son de especial gravedad porque afectan la intimidad y dignidad de una menor de edad bajo custodia estatal.
“Los hechos denunciados constituyen delitos gravísimos dado que pone en una situación de especial vulnerabilidad a la víctima al quebrantar su sexualidad e intimidad y atentan contra la dignidad de la adolescente”, señaló la abogada.
Santana también apuntó al estándar que debe existir respecto de personas privadas de libertad, especialmente cuando se trata de menores de edad: “Hay que considerar que existe un estándar reforzado de garantía respecto de una persona de especial protección como es una mujer menor de edad y que en ninguna circunstancia puede ser objeto de desnudamiento y menos atentar contra su intimidad”.
