El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, cuestionó la reforma de seguridad impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió sobre el riesgo institucional que, a su juicio, conlleva el proyecto.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado analizó las críticas que han surgido hacia la iniciativa del Ejecutivo por “homologar justicia con venganza”.
“A mí me preocupa. Me parece que la reforma tiene varios problemas. Primero, tiene un tema de déficit técnico muy evidente del punto de vista del diseño. La segunda, su efecto acumulativo. La tercera es que tiene una concepción y es que hay algunas personas que tienen que ser suprimidas, no físicamente, pero sí en sus derechos”, cuestionó Cordero.
El exsecretario de Estado se refirió específicamente a la pérdida de beneficios sociales “no solo durante la condena, sino que 15 años después, aunque ahora lo remitieron a una ley. Es en derechos tales como seguridad social, salud, educación y trabajo, eso es equivalente a una muerte civil“.
Criticó que dicha política “es una constitución del miedo que construye una sanción equivalente a la muerte civil. Y ese paso a mí me parece un paso extremadamente peligroso”.
“Creo que por eso la reforma, no es solo el estado de excepción, es un concepto que, en una visión global y acumulada es un riesgo institucional muy grande, no solo en acumular poder al Ejecutivo, sino que en la manera de entender el sistema de derechos y del castigo que yo creo que nosotros no podemos sobrepasar”, reflexionó el abogado.
El también profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, hizo un análisis sobre cómo “en general, nosotros, en términos institucionales, tenemos una cierta tendencia a transformar la excepción en regularidad”.
Señaló que no se trata de un fenómeno que aplica únicamente a Chile y que no es algo deseable. En esa línea, explicó que el problema es que se convocan “poderes extraordinarios” y “cuando se normalizan, terminan trasladándose a la regulación pública permanente“.
“Entonces, las excepciones dejan de ser circunstanciales o temporales y terminan por acilar en los sistemas legales, restricciones que son más permanentes”, advirtió.
Cordero explicó que casi todos los países han querido enfrentar el terrorismo y el crimen organizado a través de aumentar sus legislaciones en seguridad, “pero siempre en el entendido que corresponden a instrumentos que pueden ampliar los poderes estatales y siempre con revisión judicial”.
En ese sentido, afirmó que el crimen organizado hoy es “muy diverso”, que ocupa “tecnología de punta, son unos grandes usuarios de redes”. A modo de resumen, indicó que “son grandes estructuras empresariales que explotan muy intensivamente las economías ilícitas”, lo que es complicado.
Es complicado, explicó, porque afecta a las economías formales. “¿Por qué es tan complicado para la democracia? Porque funcionan sobre la base de capturar al Estado y por eso no hay organizaciones criminales sin corrupción”, dijo.
“Esto explica por qué este tipo de organizaciones dejaron de ser un asunto simplemente policial y se transformaron en un tema de cómo uno protege la democracia. Lo que pasa es que siempre hay una pregunta bien, bien peligrosa, porque en nombre de proteger la libertad de la democracia uno puede enterrar la democracia”, reflexionó Cordero.
Por lo anterior, apuntó a que las discusiones en este ámbito deben ser “muy equilibradas” e indicó que “requieren de un foro público muy significativo”.
“Cuando uno le pregunta a las personas, ¿necesitamos reducir el crimen? Sí (…) Qué es lo mismo que usted le preguntara a las personas, ¿quiere que baje el pan? Obvio. La pregunta que yo creo que es leal: ¿qué le parece que para hacer eso a usted le pudieran interferir sus teléfonos y sus comunicaciones sin que usted supiera? Simplemente porque vive en un barrio en específico. Probablemente la respuesta sería distinta”, reflexionó el abogado.
