El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó un contrato sin licitación por 16,7 millones de dólares para adquirir 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas. Según la agencia, el dispositivo permitiría controlar a detenidos que se resistan y reduciría la necesidad de recurrir a armas más letales.
En la documentación del contrato, publicada este jueves, el ICE describió los guantes como “dispositivos conductores de distracción y desescalada“. La agencia sostuvo que ofrecerían una alternativa de menor impacto durante arrestos, traslados de detenidos y disturbios en las inmediaciones de centros de detención.
El organismo argumentó que actualmente no contaba con un dispositivo de uso de la fuerza que permitiera a sus agentes intervenir sin utilizar directamente las manos. Según el ICE, los guantes responderían a los “niveles sin precedentes de amenazas y violencia” contra sus funcionarios y permitirían controlar situaciones antes de que escalaran.
El modelo G.L.O.V.E. (Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado, por sus siglas en inglés) sería utilizado cuando una persona “se resista activa o pasivamente” y un agente necesitara controlarla rápidamente para evitar lesiones.
Oposición demócrata
Tras conocerse la adquisición, la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto y otros 15 senadores —14 demócratas y un independiente— pidieron al ICE abandonar la compra.
“Instamos al ICE a que rescinda el contrato y reconsidere la compra“, reclamaron. También exigieron que, si la adquisición seguía adelante, el Congreso recibiera información clara sobre la seguridad del dispositivo y sus usos autorizados.
Poco más de una semana antes, Human Rights Watch (HRW) ya había cuestionado la iniciativa y denunciado actos de violencia y abusos contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses por parte del ICE. La organización apuntó al uso de fuerza excesiva y letal, además del empleo de armas consideradas “menos letales”.
HRW advirtió que el dispositivo podía representar un riesgo considerable en manos de agentes con formación limitada y pidió investigar la compra por su potencial de abuso y la escasa supervisión del Congreso estadounidense.
La organización también recordó que la Unión Europea había impuesto restricciones comerciales a este tipo de dispositivos debido a su uso abusivo en distintos países, incluso en casos de tortura y otros malos tratos.
En 2023, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura había determinado que las “armas de descarga eléctrica de contacto directo” eran “inherentemente crueles, inhumanas o degradantes” y había llamado a prohibirlas.
