Para las familias de detenidos desaparecidos, la búsqueda no tiene fecha. Permanece durante todo el año y atraviesa generaciones: encontrar a sus seres queridos, conocer qué ocurrió con ellos y saber dónde están sigue siendo una deuda abierta décadas después de las dictaduras que marcaron al Cono Sur.

La conmemoración tiene además una historia estrechamente vinculada con las propias organizaciones de familiares. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que desde 2011 cada 30 de agosto se conmemorara el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La iniciativa fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que reunió, entre otras organizaciones, a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay.

La historia que une a estas organizaciones también está marcada por una represión que atravesó las fronteras. Muchas de las víctimas de desaparición forzada fueron perseguidas en el marco del Plan Cóndor, una red secreta de coordinación represiva entre las dictaduras militares de América del Sur creada formalmente el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El mecanismo permitió perseguir, secuestrar y asesinar a opositores políticos incluso fuera de las fronteras de sus países.

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay fueron sus países fundadores, mientras que posteriormente se incorporaron Brasil, Perú y Ecuador. Aunque el sistema dejó de operar formalmente en 1978, las acciones bilaterales continuaron hasta 1981.

Chile: una búsqueda que no termina

En Chile, la cifra oficial de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura entre 1973 y 1990 llega a 1.469 personas. De ese total, 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familias. Según los antecedentes del Plan Nacional de Búsqueda, 307 personas han sido ubicadas, identificadas y entregadas a sus familiares, mientras 1.162 continúan desaparecidas.

Detrás de esas cifras hay familias que llevan décadas intentando reconstruir los últimos momentos de sus seres queridos. Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, conoce esa experiencia desde su propia historia familiar y desde el trabajo que la organización mantiene desde los primeros años de la dictadura. “La agrupación desde el día uno está buscando a nuestros compañeros y exigiendo verdad y justicia”, relata.

Para Rivera, una de las principales responsabilidades recae en el propio Estado. Recuerda que en 2006 Chile estableció el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido, una fecha que representa, a su juicio, uno de los pocos reconocimientos que las familias han conseguido del Estado.

“Es lo único que en el fondo nosotros, como Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, hemos logrado, desde un gobierno, desde el Estado”, sostiene.

Rivera lo explica desde su propia experiencia. “Yo no estoy convenciendo a nadie que mi padre está detenido o desaparecido, yo sé que a mi padre lo tomaron y lo hicieron desaparecer, eso lo tengo claro”, cuenta.

La dificultad está en transmitir esa experiencia a quienes no vivieron aquellos años. Por eso, parte del trabajo de la agrupación se ha concentrado en acercarse a niños, jóvenes, estudiantes universitarios y comunidades educativas. Rivera recibe a jóvenes que llegan a la agrupación y que muchas veces conocen a los detenidos desaparecidos principalmente por sus fotografías. Su preocupación es que puedan comprender que detrás de cada imagen hubo una persona y una vida familiar que quedó marcada por su desaparición.

La desaparición forzada no afecta únicamente a quien es detenido. La incertidumbre se extiende a quienes quedan esperando noticias y buscando durante años una respuesta que muchas veces nunca llega. No saber dónde está un familiar, qué ocurrió con él o dónde fueron dejados sus restos mantiene abierta una herida que no desaparece con el paso del tiempo.

Para Rivera, esa experiencia también puede ser comprendida por las nuevas generaciones a partir de la empatía. “Hoy día tú tienes 15 años, yo tenía 15 años cuando detuvieron y desaparecieron a mi papá”, relata que les plantea a los jóvenes que visitan la agrupación.

Esa memoria también enfrenta el negacionismo. Para la dirigenta, no es un fenómeno nuevo ni comenzó con el actual escenario político. “El negacionismo no nace hace seis meses”, sostiene. “Nace desde el mismo día 11 de septiembre cuando no quisieron asumir que aquí estaban torturando, asesinando y haciendo desaparecer a miles de chilenos”.

“A nuestros familiares los desaparecen o los toman detenidos, los torturan por creer en un mundo distinto, que era posible y yo sigo creyendo que hay un mundo que sigue siendo posible para todos y todas, no para los más ricos, no solamente para un grupo que es el menos, pero el que hace más daño porque el pueblo es el que sufre. La gente es la que sufre, nosotros somos los que sufrimos”, sostiene.

Rivera advierte que la responsabilidad no corresponde únicamente a los familiares. También involucra al conjunto de la sociedad y, especialmente, al Estado. “Porque el Estado es el que hizo desaparecer a nuestros familiares”, plantea. “Por lo tanto, el Estado es el que se tiene también que ser responsable de buscarlos”.

“Aquí han querido invisibilizar a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero la agrupación de está absolutamente de pie”, sostiene. Han pasado 53 años desde el golpe de Estado, pero la organización continúa firme por el compromiso de sus integrantes con sus familiares y con la exigencia de que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

“Si a eso le sumamos el cariño, el compromiso, el respeto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, eso es muy, muy importante”, plantea. Y lo resume en una frase: “Eso lo quiero agradecer enormemente porque no nos han dejado solas en este camino”.

Ese acompañamiento también se extiende a los vínculos que las familias chilenas han construido con organizaciones de otros países. Rivera recuerda especialmente a las Madres de Plaza de Mayo, con quienes comparte una historia de lucha que traspasó las fronteras. Hace algunos años fue invitada a la Plaza de Mayo y, al hablar de las Madres, reconoce el lugar que ocupan para quienes continúan buscando a sus familiares.

“Las viejas son la fuerza”, dice. Y agrega: “Nosotros vamos a luchar, a exigir justicia hasta encontrarla”.

La historia de esa lucha compartida vuelve a aparecer al mirar hacia Argentina, donde las Madres de Plaza de Mayo llevan casi cinco décadas sosteniendo la misma demanda: verdad, justicia y memoria por sus hijos detenidos y desaparecidos.

Argentina: las Madres y una lucha que se niega a dar vuelta la página

En Argentina, la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 dejó miles de personas detenidas, torturadas y desaparecidas. Los organismos de derechos humanos sostienen que la cifra de víctimas de desaparición forzada llega a 30.000 personas, en un sistema represivo que operó a través de centros clandestinos de detención y buscó borrar las huellas de quienes fueron secuestrados.

En ese contexto surgió la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que desde 1977 comenzó a reunirse y marchar alrededor de la Plaza de Mayo para exigir por sus hijos e hijas detenidos y desaparecidos. Casi cinco décadas después, la organización mantiene esa presencia y continúa reivindicando la historia de quienes fueron perseguidos durante la dictadura.

Cristina Caamaño, rectora del Centro de Estudios Madres de Plaza de Mayo, participa de ese trabajo. La organización desarrolla cursos de Derechos Humanos y de historia de las Madres, una tarea que busca mantener viva esa memoria frente a los discursos que relativizan lo ocurrido durante la dictadura.

“Las Madres han reivindicado siempre el accionar de sus hijos e hijas, de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas”, plantea Caamaño.

Caamaño recuerda que durante años sus hijos e hijas fueron presentados como revolucionarios. “Siempre los han tratado como revolucionarios. Entonces, desde ese lado, ellas han trabajado para reivindicar lo que ellos han hecho, que no era ni más ni menos que tratar de buscar un país mejor para toda la sociedad, para todo el pueblo”, sostiene.

La dirigenta cuestiona las políticas del actual gobierno argentino y menciona el otorgamiento de arrestos domiciliarios a condenados por delitos de lesa humanidad.

“La desaparición, las torturas, las violaciones, el robo de niños y niñas, los asesinatos, la manera en la que han hecho desaparecer a los cuerpos de esa juventud donde la gran mayoría eran trabajadores y estudiantes. Todo eso, lo único que hace es, de alguna manera, querer relativizar el terrorismo de Estado y eso pone en discusión, en riesgo, una convivencia democrática”, advierte.

Frente a los intentos por cerrar esa etapa, la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantiene una práctica que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la lucha por los derechos humanos en Argentina. El próximo 30 de abril de 2027 se cumplirán 50 años desde que las Madres comenzaron a marchar alrededor de la Plaza de Mayo. Caamaño señala que actualmente llevan 2.524 marchas.

Cada jueves vuelven a la plaza, incluso cuando se trata de Navidad o Año Nuevo. “Por lo tanto, lo de dar vuelta la página para ellas no es posible de ninguna manera porque, justamente, ellas se encuentran con sus hijos cada jueves en esas marchas y así lo sienten, así lo han dicho. Cuando se ponen el pañuelo para ir a marchar el jueves, sienten que ese pañuelo es la caricia, es el abrazo de sus hijos y por eso siguen marchando. Entonces, no hay posibilidad de que den vuelta la página y lo que sí nos piden a nosotras, como gente más joven, es que sigamos ese camino y sostengamos las banderas que ellas hace 50 años sostienen”, relata Caamaño.

La distancia con las autoridades de la Casa Rosada también forma parte de este escenario. Caamaño recoge las palabras de Carmen Arias, actual presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para explicar la posición de la organización frente al Ejecutivo: “Nosotros no le pedimos nada a este gobierno. Sabemos que a este gobierno no podemos contar para nada con él”, afirma. Y agrega: “Cuando pedimos algo se lo pedimos al pueblo, que es el que siempre ha sostenido la lucha de las Madres de Plaza de Mayo”.

La experiencia de las Madres muestra así que la lucha por memoria y justicia no terminó con el paso de los años. Sus marchas continúan y, con ellas, una demanda que busca mantenerse viva en las nuevas generaciones.

Uruguay: “Nos faltan muchos”

En Uruguay, la búsqueda también continúa décadas después del terrorismo de Estado. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo registra 205 personas víctimas de desaparición forzada por razones políticas entre 1968 y 1985, periodo que comprende la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura.

Para Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, recordar no significa únicamente mirar hacia atrás. También implica entregar a las nuevas generaciones las herramientas para comprender lo ocurrido. “La importancia que tiene que el pueblo tenga presente el tema sería por la búsqueda de nuestros familiares, pero no fueron el único delito que se cometió en las dictaduras”, explica. Recuerda también a los miles de presos políticos y a las personas asesinadas durante aquellos años.

La organización mantiene como una de sus principales demandas la entrega de información que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Montes de Oca explica que durante años han solicitado a los gobiernos que exijan a las Fuerzas Armadas los archivos que puedan aportar antecedentes sobre el destino de sus familiares. “Al no tener la información de dónde pueden estar sepultados nuestros familiares, los antropólogos están haciendo un trabajo, como quien dice, a ciegas”, relata.

La falta de información obliga a reconstruir historias a partir de antecedentes parciales, testimonios y datos que muchas veces no permiten establecer con certeza dónde fueron llevadas las víctimas. En algunos casos, esos cruces han permitido encontrar restos. Pero todavía hay familias que esperan. “Nos faltan muchos”, dice Montes de Oca.

La búsqueda, explica, ha contado con distintos grados de colaboración estatal para ingresar a cuarteles y otros lugares donde podrían encontrarse restos. Para las familias, sin embargo, el acceso a esos espacios no reemplaza la información que permanece pendiente.

“Necesitamos un compromiso más profundo, no solamente el aporte de maquinaria y logística para este tema, sino que precisamos la información”, reclama.

La demanda tiene una dimensión que va más allá de encontrar restos. Para las familias, conocer el destino de un desaparecido significa terminar con una incertidumbre que puede acompañarlas durante toda la vida.

Montes de Oca advierte además sobre los discursos que buscan presentar los crímenes de la dictadura como hechos pertenecientes exclusivamente al pasado. En Uruguay, las organizaciones han debido enfrentar iniciativas que, a su juicio, pueden favorecer a condenados por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Frente a ello, insiste en la necesidad de mantener la memoria viva y transmitirla a quienes no vivieron aquellos años.

“Decir realmente los delitos que ellos cometieron, tratar de que también se refleje esos delitos en la justicia, no con una sed de venganza, sino justamente de saber la verdad y que se haga justicia”, plantea.

La búsqueda de los detenidos desaparecidos continúa así como una tarea que no puede reducirse a una conmemoración anual. Para las familias, mientras exista una persona cuyo destino siga sin esclarecerse, la historia permanece abierta.

“Queremos un avance hacia la verdad para que nuestros pueblos sepan realmente cómo fue esta situación”, sostiene Montes de Oca. Y agrega: “Tratar de avanzar justamente en esa verdad para que se pueda hacer esa justicia y obtener nosotros las respuestas necesarias y asentar las bases para el nunca más”.