En agosto, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile conmemoró tres décadas de existencia, un hito que invita a reflexionar sobre la trayectoria del sistema de admisión universitaria que el país ha construido durante décadas. Así lo destaca una columna publicada en El Mercurio de autoría de Alejandra Mizala, Rectora de la Universidad de Chile, junto a Rosa Devés y Leonor Varas, exrectora y directora del Demre de la misma institución, respectivamente. 

La responsabilidad de la Casa de Bello en dicha materia, señalan sus autoridades, se remonta a sus orígenes: ya en 1843 se establecieron los exámenes para quienes aspiraban al grado de bachiller.

Más de un siglo después, en 1967, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) reemplazó al Bachillerato. Diseñada en la Universidad de Chile bajo la conducción de la visionaria profesora Erika Grassau, significó grandes avances en objetividad, transparencia y justicia, basados en el mejor conocimiento científico disponible.

“Lo mismo ocurrió con la muy temprana adopción de un algoritmo óptimo de asignación de postulantes a vacantes —cuyos desarrolladores recibieron el Premio Nobel de Economía en 2012—, que consolidó un sistema centralizado, con reglas comunes y sólido sustento técnico”, señalan Mizala, Devés y Varas.

El sistema de admisión chileno, agregan, posee virtudes que lo distinguen de los de otros países. “Permite postular simultáneamente a varias universidades sin que ello dependa de la capacidad de pago de la persona. Las pruebas se aplican en todo el territorio, incluidos lugares aislados y recintos penitenciarios, y contemplan ajustes para necesidades educativas especiales”. Su arquitectura técnica, subrayan, sustenta una cuestión profundamente pública: la forma en que distribuimos las oportunidades.

Tras 35 años de vigencia, la PAA fue reemplazada por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que evaluaba de manera exhaustiva el currículo de los cuatro años de enseñanza media científico-humanista, entre 2003 y 2019.

Sin embargo, “la experiencia mostró las limitaciones de este enfoque, que dejaba en desventaja a quienes egresaban de la educación técnico-profesional y no reflejaba suficientemente las habilidades desarrolladas”.

En el contexto del estallido social de 2019, la aplicación de la PSU fue objeto de sabotajes en medio de un creciente cuestionamiento técnico y social a la prueba, lo que puso en riesgo la continuidad del sistema de admisión. No obstante, “la existencia de nuevas pruebas experimentales que el Demre venía desarrollando, la decisión de perseverar en condiciones extraordinariamente difíciles y la responsabilidad con que actuó la nueva institucionalidad dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, encabezada por el Comité Técnico de Acceso, permitieron iniciar una transformación profunda y gradual”.

La actual PAES es resultado de ese proceso. Evalúa conocimientos y la capacidad de utilizarlos, puede rendirse dos veces al año, sus puntajes son comparables entre aplicaciones y existe evidencia sobre su capacidad para predecir el desempeño universitario. Su desarrollo, precisan, “ha estado acompañado de investigación, consulta a expertos nacionales e internacionales y una política de transparencia activa”.

Las autoridades enfatizan que las pruebas han cambiado y seguirán cambiando, pero lo que Chile debe preservar es la institucionalidad que permite evaluarlas, perfeccionarlas y reemplazarlas cuando la evidencia así lo exige.

“Decisiones tan importantes para la vida de las personas requieren instituciones confiables, conocimiento especializado, reglas transparentes y una mirada de largo plazo”, afirman.

Y agregan: “Los mecanismos de admisión inciden en las oportunidades y, por esa vía, en la movilidad social. Por eso, la excelencia técnica y la equidad, lejos de ser objetivos contrapuestos, deben avanzar juntas”.

En tanto, las autoras destacan el rol histórico de la Universidad de Chile: “Durante 183 años, la Universidad de Chile ha asumido esta responsabilidad como parte de su misión pública. En sus 30 años de vida institucional, el Demre la ha honrado no solo administrando un sistema complejo, sino también investigando, innovando y anticipando las transformaciones necesarias”.

En tiempos de desconfianza institucional, concluyen, “esa capacidad de construir acuerdos duraderos sobre la base de la evidencia y el propósito público es un patrimonio nacional”.