A un mes de las elecciones presidenciales de Brasil, la campaña está se ha visto atravesada por un escándalo que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis político institucionales del país de los últimos años.

El caso, conocido como Banco Master, comenzó como la caída de una entidad financiera relativamente pequeña, pero hoy alcanza al presidente y candidato Lula da Silva, al bolsonarismo, al Centrão, a gobernadores, bancos públicos, fondos previsionales y, durante los últimos días, al propio Supremo Tribunal Federal (STF).

Esa transversalidad vuelve el caso particularmente complejo. No existe un único partido o sector al cual atribuirle la responsabilidad, sino una extensa red de relaciones entre dinero privado, el Poder Judicial y distintos sectores políticos brasileños.

Cómo funcionaba el entramado financiero que manchó a la política brasileña

El Banco Master, entidad dirigida por Daniel Vorcaro, creció rápidamente captando dinero a través de certificados de depósito bancario (CDB), un título de renta fija emitido por bancos privados. Master ofrecía rentabilidades extraordinariamente superiores a las de sus competidores, que en algunos casos se acercaban al 140% del certificado de depósito interbancário (CDI). Si el CDB es el préstamo que tú le haces al banco, el CDI es el termómetro que mide cuánto te va a pagar ese préstamo.

El negocio resultaba atractivo para los inversionistas porque buena parte de esos depósitos estaba protegida, hasta cierto límite, por el Fondo Garantidor de Créditos (FGC). En otras palabras, Master podía ofrecer tasas mucho mayores porque el inversionista sabía que, si el banco quebraba, existía detrás un mecanismo destinado a devolver parte de sus recursos.

El problema estaba en el otro lado del balance. Si un banco promete pagar muchísimo por el dinero que recibe, necesita invertirlo en activos capaces de generar también enormes retornos. Eso es lo que la Policía Federal investiga. La creación de carteras de créditos sin respaldo suficiente, paquetes de supuestas deudas que podían presentarse y venderse como activos reales aunque su valor fuera cuestionable.

Uno de los principales compradores fue precisamente el banco de Brasilia (BRB), una institución pública controlada por el gobierno del distrito federal, que adquirió alrededor de 12 mil 200 millones de reales ($USD 2 mil 200 millones) en carteras vinculadas a Master. El Banco Central encontró posteriormente inconsistencias en parte de esos activos. Paralelamente, existe otra investigación sobre aproximadamente 11 mil 500 millones de reales (USD 2.245 millones) en operaciones relacionadas con fondos administrados por la gestora Reag.

La hipótesis es que Master prestaba recursos a determinadas empresas, esas compañías colocaban el dinero en fondos y posteriormente los fondos compraban activos de bajo valor a precios artificialmente elevados. El circuito permitía inflar balances y esconder pérdidas.

Mientras todo esto ocurría, el BRB intentó comprar banco Master. El Banco Central rechazó finalmente esa adquisición en septiembre de 2025. Dos meses después, la policía detuvo a Daniel Vorcaro en la primera fase de la Operación Compliance Zero y el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de la entidad.

El FGC calculó más de 40 mil millones de reales ($USD 7 mil 800 millones) en garantías para cerca de 800 mil acreedores. El impacto total estimado sobre sus reservas terminó aproximándose a los 57 mil millones de reales ($USD 11 mil millones). Además, existen investigaciones sobre recursos de fondos previsionales de funcionarios públicos invertidos en productos relacionados con el banco.

Un esquema de redes que salpican a todo el poder brasileño

Detrás de las complejas operaciones financieras también existe dinero de un banco estatal, sistemas colectivos de garantía y recursos destinados a jubilaciones.

Daniel Vorcaro aparece como algo más que el dueño de un banco quebrado. Master necesitaba permanentemente decisiones favorables o, al menos, acceso a quienes podían afectar su supervivencia.  Requería del banco central para aprobar operaciones; del BRB para obtener liquidez o eventualmente vender el banco; del Congreso porque podía modificar normas financieras; de gobiernos regionales que controlaban bancos y fondos públicos; y del sistema judicial porque cualquier investigación que alcanzara a autoridades con fuero terminaría inevitablemente en el Supremo.

La red de Vorcaro no necesitaba controlar un partido, necesitaba tener una puerta abierta en cada institución donde pudiera aparecer un problema.

Esa lógica explica por qué el caso salpica simultáneamente al oficialismo y a la oposición. Lula no está acusado formalmente de participar en el fraude, pero Vorcaro se reunió con él fuera de la agenda oficial en 2024, en un encuentro intermediado por Guido Mantega, antiguo ministro de Hacienda del Partido de los Trabajadores (PT) que trabajó como consultor del Master.

Más complicada es la posición de Jaques Wagner, líder gubernamental en el Senado y figura histórica del PT, investigado por posibles actuaciones parlamentarias favorables a intereses del banco a cambio de ventajas, acusaciones que él niega. También aparece Ricardo Lewandowski, exintegrante del supremo y posteriormente ministro de Justicia de Lula, cuyo antiguo estudio jurídico había prestado servicios al Master antes de su llegada al gobierno.

Lula a pedido que se investigue a todos, “sin blindaje de nadie” e insistió en que ninguna autoridad debe encontrarse por encima de la ley.

Pero el bolsonarismo no se salva. En circunstancias normales, un escándalo de estas dimensiones a pocas semanas de una elección sería un instrumento extraordinario para la oposición. Sin embargo, Flávio Bolsonaro también aparece relacionado con el universo de Vorcaro.

La Policía investiga movimientos financieros vinculados a Dark Horse, un proyecto audiovisual sobre Jair Bolsonaro para el cual Flávio buscó financiamiento. El candidato sostiene que se trató de una inversión privada legítima y niega cualquier contraprestación política.

También aparecen contactos de Vorcaro con el diputado Nikolas Ferreira y con Fábio Faria, exministro de Jair Bolsonaro y uno de los intermediarios entre el banquero y diferentes figuras políticas y judiciales.

Por eso el verdadero terremoto durante estas últimas semanas está ocurriendo en el Supremo Tribunal Federal. Primero, el ministro del STF, Dias Toffoli, abandonó la relatoría después de que su nombre apareciera en material incautado por la policía. El expediente pasó entonces a André Mendonça, ministro designado al Supremo por Jair Bolsonaro. Bajo su conducción comenzaron a conocerse algunos de los documentos políticamente más comprometedores. Mensajes y archivos que relacionan a Vorcaro con el juez Alexandre de Moraes, precisamente el magistrado que envió a Jair Bolsonaro a la cárcel y con la defensa institucional frente al intento de desconocer el resultado electoral brasileño.

Entre los antecedentes aparece un contrato por aproximadamente 131 millones de reales entre banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado.

Un análisis de metadatos de la policía sostiene además que un usuario identificado como Alexandre de Moraes realizó modificaciones a una minuta contractual antes de su firma. El estudio afirma que el juez solamente revisó posibles impedimentos legales y niega cualquier irregularidad.

También aparecieron mensajes en los que Vorcaro buscaba posibles gestiones ante el director de la Policía Federal y el procurador general Paulo Gonet. Hasta ahora esos documentos muestran que Vorcaro buscaba esas gestiones, pero no demuestran por sí mismos que Moraes efectivamente las haya realizado.

Todo esto explota precisamente ahora porque confluyeron distintos tiempos. El banco cayó definitivamente a fines de 2025; la policía federal obtuvo teléfonos, mensajes y documentos de Vorcaro; la salida de Toffoli modificó el control judicial del expediente; durante los meses siguientes aparecieron investigaciones contra figuras del PT y del Centrão; y finalmente parte del material sobre Moraes salió del secreto judicial cuando Brasil ya estaba completamente inmerso en la campaña presidencial. El primer turno será el 4 de octubre.

Pero esa elección no definirá solamente quién ocupará el palacio del Planalto. Brasil renovará además 54 de los 81 escaños del Senado, es decir, dos tercios de la Cámara Alta. Es el Senado el que constitucionalmente puede procesar y juzgar a los ministros del STF por crímenes de responsabilidad. Si las elecciones producen una mayoría significativamente más hostil al tribunal, las amenazas de juicio político contra magistrados como De Moraes podrían dejar de ser simplemente retóricas. Por eso la disputa por el Senado comienza a adquirir tanta importancia como la propia presidencial.

Así, Banco Master revela algo más profundo que un fraude bancario. El dinero de Vorcaro parece haber construido acceso transversal al PT, al bolsonarismo, al Centrão, a bancos públicos, gobiernos regionales, despachos jurídicos y miembros del sistema judicial.