La reciente muerte de Willi Malessa, uno de los últimos exjerarcas que estaban vivos de Colonia Dignidad, ha vuelto a poner en el centro del debate público la lentitud y las falencias del Estado chileno en la persecución de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el enclave alemán. Malessa había sido condenado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago a seis años de presidio en calidad de encubridor de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, crímenes ejecutados por la DINA en mayo de 1976.

El deceso del excolaborador de Paul Schäfer ocurre mientras aún mantenía recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema. Para las agrupaciones de derechos humanos, este hecho cristaliza una dolorosa realidad: el paso del tiempo favorece el ocultamiento de la verdad.

“Con la muerte de Willi Malessa, Chile revive la frustración de la impunidad biológica y la vigencia de los pactos de silencio de la dictadura”, señaló Paulina Zamorano, abogada de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria. En la misma línea, Magdalena Garcés, abogada querellante del caso Colonia Dignidad y miembro de la Asociación por la Memoria y los DD.HH. Colonia Dignidad, enfatizó la gravedad de las acciones de Malessa. “Más allá de su rol como mano derecha de Schäfer, Malessa ejecutó una de las tareas más crueles en Colonia Dignidad: operó la maquinaria que sepultó a las víctimas y, años más tarde, la que desenterró sus restos para hacerlos desaparecer por segunda vez”. Según Garcés, su labor consistió en “borrar la evidencia y asegurar un secreto que hoy se lleva a la tumba”.

El encubridor clave de la maquinaria represiva

El rol de Willi Malessa dentro del organigrama criminal de la secta fue fundamental para ocultar los rastros del terrorismo de Estado. Malessa no solo participó en la exhumación y traslado de los cuerpos para su posterior inhumación ilegal, sino que también intervino en el traslado de las cenizas de las víctimas para ser arrojadas a un río y un estero. Existen, además, antecedentes sobre su participación directa en la fabricación de armas para el régimen militar.

Uno de los aspectos más reveladores de la investigación dirigida por la ministra en visita Paola Plaza fue el ocultamiento sistemático de bienes de las víctimas. Al momento de ser secuestrados en 1976, tanto Juan Maino (estrecho colaborador del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes) como el matrimonio Elizondo-Rekas poseían automóviles Citroen AX-330 (“Citronetas”), vehículos que fueron llevados al enclave como forma de “pago” por los servicios prestados a la DINA.

Según testimonios recabados por la justicia, entre ellos el de Ulrich Schmidtke Miottel, medio hermano del médico Hartmutt Hopp, Schäfer instruyó inicialmente reparar y vender estos vehículos. Sin embargo, la orden cambió radicalmente en 1978, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, cuando Pinochet ordenó desenterrar y esconder los cuerpos de los ejecutados políticos para evitar el hallazgo de evidencias.

En ese contexto, Schmidtke declaró que Malessa le ordenó ayudar a “desarmar y enterrar bajo tierra” los vehículos de los desaparecidos. Para ello, Malessa utilizaba una retroexcavadora Caterpillar para cavar hoyos, machacar los automóviles con la pala y luego cubrirlos con tierra en lugares que él mismo elegía dentro del extenso predio precordillerano.

“Salió de la Colonia negociando su silencio”

A pesar de que estos oscuros episodios y la participación de Malessa comenzaron a conocerse al menos desde la década del 2010, no fueron investigados ni perseguidos penalmente de manera oportuna.

“Malessa salió de la Colonia negociando su silencio“, denuncian desde la Asociación por la Memoria y los DD.HH.. Fue procesado y condenado de manera tardía gracias a la investigación liderada por la ministra Paola Plaza, a pesar de que los expedientes sobre los crímenes de Colonia Dignidad habían estado bajo la indagación de otros dos ministros en visita previamente durante años.

Para los familiares de las víctimas, la muerte de Malessa sin una condena a firme de la Suprema es un golpe a la búsqueda de justicia. Marisol Maino, hermana de Juan Maino (detenido desaparecido), expresó su indignación a través de un mensaje público: “Creo que muy poco Willi Malessa pagó por todos los crímenes que se cometieron ahí. La cantidad de torturados, la cantidad de desaparecidos y prisioneros políticos que hasta el día de hoy no han aparecido”.

Maino cuestionó además la negativa sistemática del jerarca a cooperar con la justicia. “Malessa no quiso declarar su ubicación (de los desaparecidos) a pesar de que la ministra Paola Plaza, quien se comprometió muy fehacientemente a la causa, lo llevó a declarar nuevamente por si hablaba”. Con su muerte, la familia Maino ve esfumarse otra posibilidad de conocer el destino final de las víctimas de la secta. “Ahora queda solamente vivo (Hartmut) Hopp, y quien no creo que vuelva a escapar de Alemania porque fue frustrada su detención en Italia”, agregó Marisol Maino, enviando “un abrazo enorme a todas las compañeras que tienen sus familiares detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad y que no han cesado en su búsqueda”.