La discusión sobre posibles indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos fue reabierta luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, declarará que hay más de 100 solicitudes que está revisando su cartera, la mayoría de ellas de parte de exmilitares encarcelados por delitos cometidos en dictadura.

Mientras que el Presidente José Antonio Kast adelantó cuál podría ser uno de los factores a considerar para otorgar este beneficio, desde la oposición cuestionaron la medida y recalcaron que el foco debería estar en otras materias. 

Este lunes, en entrevista con Radio Agricultura, el Mandatario evitó ceder a las presiones de algunas voces de derecha —principalmente del Partido Nacional Libertario (PNL)— que han insistido con los indultos. En esa línea, Kast no entregó plazos y remarcó, tal como en otras ocasiones, que se están revisando “caso a caso”.

Sin embargo, algo que sí anticipó el Jefe de Estado es que el Gobierno tendrá en cuenta la situación de salud de los condenados, independiente de la gravedad de los crímenes cometidos.

“La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal y esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel (…) dicen que la pena debería estar vigente mientras la persona tenga conciencia. Pero es algo que, de nuevo, vuelvo a insistir, se va a resolver caso a caso y no hay una norma general”, sostuvo.

La oposición expresó su rechazo a los posibles indultos. La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que concretarlos sería estar renegando “de una historia que construimos como país”. “Acá la validez del informe Rettig, de la Comisión Valech, del Plan de Búsqueda, han sido procesos de construcción que han sido largos, que han sido a costa de muchos esfuerzos de las agrupaciones y de los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados y torturados”, declaró.

Además, Figueroa apuntó a que el foco del Gobierno debería estar en atender las necesidades de las familias y no en conceder indultos. “¿Cuál es la prioridad de la ciudadanía? ¿Que el Presidente esté tratando de darle respuesta al Partido Nacional Libertario respecto de indultos comprometidos en la campaña, a ese partido, o hacerse cargo de una buena vez de que tenemos que entrar a discutir la Ley de Presupuesto, y no podemos seguir con recortes en los distintos ministerios?”, cuestionó.

Una postura similar tuvo el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, quien afirmó estar sorprendido de que el Gobierno considere indultar “cuando durante la campaña dijeron que el indulto no estaba contemplado dentro de su programa”.

El parlamentario también manifestó reparos con la decisión misma de indultar. A su juicio, “es posible pensar en que una persona que cometió un delito pueda ser indultado, por cuestiones humanitarias o por otras razones; pero cuando se trata de personas que persiguieron, torturaron, asesinaron, sabiendo exactamente el daño que estaban haciendo, la verdad es que no. Crímenes de lesa humanidad por ningún motivo”, enfatizó.

En el oficialismo, primó el respaldo a lo señalado por el Presidente Kast. Entre los partidarios del Ejecutivo se compartió el criterio relacionado con el estado de salud de los condenados, pero no manifestaron mayores presiones para apurar los indultos.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, estimó que cómo se trata de una facultad presidencial, es el Mandatario el que debe definir cuándo se concretará la medida: “Lo que yo diría es que el Presidente de la República, una vez que el ministro Rabat le entregue todos los antecedentes, va a tener que ir tomando uno a uno los casos y analizándolo en en concreto. Hay que ser muy riguroso en el análisis de todos los antecedentes”.

Por su parte, el senador independiente, exmilitante del Partido Republicano, Rojo Edwards, indicó que, inicialmente, le habría “gustado” un indulto general para el caso de los carabineros condenados por hechos del estallido social. Sin embargo, aseguró que ahora comparte la visión del Presidente Kast de ir caso a caso.

“Respecto de los enfermos terminales condenados por cualquier delito, incluidos los de derechos humanos, creo que se debe considerar el cumplimiento alternativo de las penas en sus casas, para evitar que sigan muriéndose en la cárcel sin atención suficiente de salud”, opinó.