En el marco de las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU con sede en Ginebra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad presentó nuevos antecedentes que reafirman el estrecho vínculo operativo entre la otrora DINA y los líderes del asentamiento alemán durante la dictadura civil-militar.

Durante la instancia internacional, la sobreviviente María Isabel Romero Méndez relató su detención en junio de 1975, detallando las graves vulneraciones sufridas al interior del recinto. La víctima expuso que permaneció secuestrada durante 20 horas, siendo interrogada y torturada directamente por Paul Schäfer y Helmut Hopp, para luego ser entregada al agente represivo Osvaldo “Guatón” Romo. Su declaración aportó datos sustanciales sobre el paradero de prisioneros políticos trasladados posteriormente a Villa Grimaldi —como Carolina Wiff, Mireya Rodríguez y Carlos Lorca— quienes actualmente figuran como detenidos desaparecidos.

Paralelamente, Paola Peebles Vlahovic expuso ante el organismo que las sociedades comerciales herederas continúan explotando económicamente el lugar con instalaciones turísticas, provocando la destrucción deliberada de pruebas fundamentales para el Plan Nacional de Búsqueda. Peebles alertó sobre limpiezas no autorizadas en el antiguo cuartel represivo e inundaciones provocadas en los subterráneos para obstaculizar las pericias judiciales. Frente a la reciente determinación administrativa de revertir la toma de control del predio, la representante fue enfática: “Renunciar a la expropiación como lo decidió el gobierno de José Kast es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”.

La intervención de la organización también abordó el debilitamiento general de la institucionalidad persecutoria. Lelia Pérez Valdés advirtió sobre una “impunidad pasiva” instalada al interior del Programa de Derechos Humanos, acusando que dicha entidad recibió instrucciones explícitas de no apelar frente a los beneficios carcelarios solicitados por perpetradores condenados. A este diagnóstico sumó la constante campaña de desprestigio contra el INDH y la peligrosa convergencia política que busca indultar a criminales de lesa humanidad, exigiendo a las autoridades reactivar las investigaciones sobre los excolonos que actualmente residen prófugos en Alemania.