A las 9:00 horas de este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realizará la audiencia en que la Fiscalía formalizará al exdiputado Gabriel Silber por los delitos de soborno y lavado de activos, en el marco de la investigación por la denominada trama Bielorrusa.
La causa indaga los pagos realizados en torno a las asesorías que el estudio integrado por Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos prestó al consorcio Belaz Movitec, que mantenía un conflicto judicial con Codelco por un contrato minero.
Entre los antecedentes que serán expuestos por el Ministerio Público se encuentra un peritaje financiero que identificó pagos por cerca de $95 millones a Silber. Según los antecedentes de la investigación, los recursos estarían relacionados con las asesorías prestadas por el estudio jurídico al consorcio.
La Fiscalía investiga si los abogados Vargas y Lagos entregaron sobornos a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para obtener resoluciones favorables a Belaz Movitec.
Silber, quien trabajaba en el mismo estudio jurídico que ambos abogados, mantiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Desde su entorno han señalado que ha entregado información a la Fiscalía, abierto sus cuentas bancarias y participado en distintas diligencias.
A su equipo jurídico, encabezado por la abogada Susana Borzutzky, se incorporó recientemente Juan Pablo Montes Mery, quien hasta julio se desempeñó como jefe del área de Asesoría Jurídica y contralor del Senado.
Montes Mery trabajó durante 18 años en la Defensoría Penal Pública y también tuvo un paso por el Conservador de Bienes Raíces de Melipilla. Desde el entorno de Silber señalaron que su incorporación se produjo a raíz de una contingencia que afectó al equipo jurídico inicial.
La audiencia también contempla la reformalización de otros imputados de la investigación, entre ellos la exministra Ángela Vivanco, quien ha rechazado las acusaciones en su contra.
En declaraciones a Radio ADN, Vivanco sostuvo que no existen antecedentes que acrediten que recibió dinero a cambio de sus decisiones judiciales. “Sobre los nuevos cargos que se van a presentar por la Fiscalía en mi contra, desconozco los hechos y cualquier irregularidad que se me impute”, afirmó.
La exministra también aseguró que el Ministerio Público ha tenido acceso a sus cuentas bancarias y bienes y que, según su revisión, esos antecedentes no muestran ingresos provenientes de sobornos.
A la investigación se sumó además un peritaje de Carabineros al teléfono celular incautado a Vivanco. De acuerdo con los antecedentes de la causa, el análisis detectó conversaciones que habrían sido eliminadas antes de la incautación del dispositivo.
