Un duro revés sufrió el Gobierno con el rechazo de la reforma constitucional que permitía ampliar los plazos de detención para realizar expulsiones administrativas de migrantes. La directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Gabriela Hilliger, señaló que lo realmente importante para concretar las expulsiones no es ampliar ese plazo, sino más bien agilizar trámites administrativos y gestiones diplomáticas.
La iniciativa, que es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), necesitaba un total de 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero contó con 88. En vista de aquello, el Ejecutivo anunció que insistirá con el proyecto, esta vez ingresándolo al Senado.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora jurídica del SJM, abordó el argumento del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien aseguró que es importante aumentar los plazos de detención para concretar las expulsiones y que hay experiencia de otros países que tienen plazos mucho más largos que el de Chile.
Actualmente, en nuestro país se puede retener a los migrantes por cinco días y la pretensión del Gobierno es ampliarlo a 30, con posibilidad de sucesivas prórrogas que podrían llevarlo hasta 180.
De acuerdo a Hilliger, “toda alusión a los esquemas comparados tiene que tomarse referencia con respecto a las condiciones internas que hay en el país para poder implementar eso”.
En esa línea, afirmó que en Europa y Estados Unidos se cuenta “con toda una infraestructura para poder tener a esas personas privadas de libertad”, mientras que “Chile no tiene esa infraestructura y ya tiene unas tasas altas de hacinamiento carcelario”.
La abogada explicó que ahora los migrantes son retenidos en cuarteles de la Policía de Investigaciones (PDI) que, más allá de la buena disposición de los funcionarios, no son adecuados.
“Los abogados que solicitamos y vamos a visitar personas, vemos que muchas veces los funcionarios de la Policía e Investigaciones tienen una muy buena disposición, pero no hay lugares para que los abogados atiendan a las personas que representan y hay problemas con el acceso a servicios de higiene. En el fondo, no están habilitados para ser lugares donde las personas pasen privadas de libertad durante tiempos prolongados”, subrayó.
“Muchas veces estas personas son grupos familiares, incluyen a niños, niñas y adolescentes, y por tanto es bastante problemático”, agregó.
Trámites administrativos y diplomacia: dónde debería estar el foco
Hilliger recalcó, en todo caso, que los esfuerzos no deberían estar concentrados en habilitar espacios para la retención de migrantes ni en alargar los plazos de detención, como propone el proyecto Gobierno. A su juicio, el énfasis debería estar en las gestiones diplomáticas con Venezuela y en agilizar los trámites administrativos.
“Lo que se observa es que la dificultad en ejecutar expulsiones no ha tenido tanto que ver con el plazo de detención de las personas que van a ser sometidas al proceso de expulsión, sino más bien a las dificultades, en términos de relaciones diplomáticas, con países como Venezuela, con los que no se pueden sacar aviones que aterricen y que lleven a esas personas a su país de origen, porque con respecto a otras nacionalidades, estas expulsiones sí pueden ser ejecutadas”, indicó.
La abogada insistió en que “el tema no es tanto el plazo, sino que es la política de implementación, el tener los acuerdos consulares y el poder ser efectivo desde la Policía de Investigaciones y desde el Servicio Nacional de Migración y la institucionalidad correspondiente, para que, en un plazo breve las personas puedan salir”.
La directora jurídica del SJM también advirtió que el peligro de mezclar temas de seguridad con los de gestión de la migración: “Todos entendemos que alguien que infringe la ley migratoria requiere tener una sanción, pero cuando se mezcla eso con políticas de persecución penal, que están orientadas a aquellas conductas que las sociedades ven que son las más graves, corremos el riesgo de perder recursos económicos valiosos y humanos, a costa, también, de vulnerar ciertos derechos fundamentales”.
