Los resultados de la prueba PISA tienen dando vueltas a expertos y políticos buscando una explicación al desastre. Desde el uso excesivo de celulares, la pandemia, la convivencia, la pobreza, los profesores, la falta de acompañamiento hasta culpar a las familias. Yo apuesto por otra: la política.

Los cambios de carácter legal que han impulsado reformas educativas desde los años 90 a la fecha, han pretendido enfocar su propósito en la equidad y calidad del sistema escolar y, por sobre todo, en la idea de la educación como un derecho fundamental. Sin embargo, si se es riguroso en el estudio de ese marco normativo derivado de aquellos consensos políticos, es posible develar que su contenido se relaciona más bien con regulaciones de un mercado con alta incidencia social, que con un preciado derecho humano.

Los esfuerzos realizados por todos los gobiernos posdictadura en materia educacional, han estado marcados por la complejidad que impone implementar medidas mínimamente compensatorias, en grado importante encaminadas a corregir los efectos de la empresa educativa, pero sin cambiar sus lineamientos esenciales. Esto ha derivado en una distancia insalvable entre el mensaje político que fundamenta la normativa y su concreto contenido. En palabras sencillas, las leyes no hacen lo que la política dijo que harían.

El Estatuto Docente de 1991 fue la primera gran batalla y en su mensaje se lee: “Es necesario enfrentar los desafíos de la realidad educacional de una manera diversa a como se hizo en el pasado. Ayer, la preocupación principal fue hacer crecer la cobertura educacional. Hoy, es necesario incentivar la calidad y la equidad en la educación chilena”. Pocas normas tan falsamente cuestionadas y modificadas como esta. Mas, prácticamente todos sus cambios han apuntado solo en dos sentidos: a flexibilizar su contenido en orden a morigerar sus reglas de contratación y despido, y a entregar dinero, vía asignaciones, a las y los docentes en función de su rendimiento.

A pesar de que se creía firmemente que el establecer las condiciones jurídicas necesarias para favorecer el ejercicio de la función docente podía mejorar la educación, el predominio de la idea empresarial clásica de liberalizar el trabajo y buscar resultados mediante incentivos económicos ha dejado mucho de competencia, deserción de maestros y agobio, pero de calidad y equidad nada.

La Ley de Jornada Escolar Completa (JEC) de 1997 (y del 2004) pretendía, según su mensaje: “asegurar una educación de calidad equitativamente distribuida”. Se apostó por aumentar de manera significativa los tiempos pedagógicos con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular de la época. Es sabido que el impacto en calidad fue menor. Nunca hubo relación entre el aumento de horas de clases y los aprendizajes.

Donde sí la JEC logró un gran éxito fue en enriquecer el patrimonio personal de los sostenedores. En una medida inédita, se amplió enormemente la infraestructura escolar privada con el erario estatal sin más contraprestaciones que mantener el servicio educativo por algunos años. Seguidamente, los dueños se pudieron -hasta hoy- arrendar o vender a sí mismos estos locales, quedarse con la renta o el precio, mantener el dominio y pagarlos nuevamente con subvención fiscal. Espléndido negocio, pero de calidad y equidad poco.

Ya en el 2008 la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) tuvo como objetivo, de acuerdo a su texto legal, el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación mediante una subvención dirigida a los estudiantes más pobres del país. Los expertos, sobre todo aquellos que participaron en su creación, se han esforzado bastante por decir que ha funcionado en elevar los puntajes de las pruebas estandarizadas y disminuir la distancia vinculada a la vulnerabilidad. Lo que aún no explican es si esto fue solo por el importante aumento del aporte fiscal o por sus particulares instrumentos.

No olvidemos que la Ley SEP inaugura la fórmula actualmente vigente para avanzar en calidad, esto es, incorpora una serie de herramientas económicas que luego se han generalizado y han sido vistas como la única manera de mejorar los resultados: convenios, planes, rendición de cuentas, evaluación, clasificación de escuelas y sanciones asociadas a incumplimientos académicos y normativos. Cabe recordar que esta subvención es utilizada en gran medida para la contratación de personal, asesorías externas privadas (fuente de lucro) y para una serie de medidas de funcionamiento común que la han flexibilizado hasta el punto de hacerla irreconocible. A juzgar por los ingentes recursos que representa esta subvención, ha sido mezquina en calidad y equidad, pero eficiente en implantar una regulación de mercado casi como un fin en sí mismo.

Luego, en el 2011, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC) simplemente viene a profundizar lo ya instalado por la SEP. En su mensaje se lee: “La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es fundamental enfrentar las fallas derivadas de esos factores. Las soluciones no pasan por ignorar la provisión por instituciones diversas del servicio educacional, sino por regular la prestación de dicho servicio, mejorando su funcionamiento; generando indicadores de calidad; transparentando los resultados y el uso de los recursos; creando los incentivos adecuados; y tomando medidas, por más estrictas que parezcan, cuando los oferentes no entregan un servicio de calidad”.

Su sinceridad es escalofriante: los defectos de mercado -es decir, los deficientes logros académicos- se arreglan con más mercado, pero regulado. Los resultados están a la vista: no existen estudios concluyentes que vinculen un progreso pedagógico a la creación de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación. Todo lo contrario, los colegios constantemente mal clasificados no se cierran y los fiscalizados no mejoran. A estos organismos se les acusa de manera pública como los causantes de una excesiva burocratización y de la creación de un sinfín de negocios alrededor de sus facultades, al punto de permitir que las propias escuelas sean agentes económicos. Muchos instrumentos comerciales lejos de la mejora educativa.

La Ley de Inclusión Escolar (LIE) del 2015, como he afirmado en este mismo foro, no prohíbe el lucro, simplemente lo transforma en una operación no solo legal sino legítima y esclarece sin pudor sus vías; no elimina el financiamiento compartido, más bien lo perpetúa en los tramos más altos acentuando la discriminación y la segregación por razones económicas. La regulación de la selección, reconocida como una medida de humanidad mínima, a pesar de sus excepciones, hoy se pretende eliminar. De calidad ni hablar, pero de ganancia a manos llenas.

Pronto, en el 2017, la Ley sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se creó con un propósito que las propias autoridades, de todos los signos, han mermado al punto de hacerlos funcionar -en casos importantes- casi igual que sus antecesores municipales. Se decía que por su economía de escala tendrían más recursos, que por sus reglas de traspaso se pondría fin a las sobredotaciones y deudas, que habría menos politización y que su dedicación exclusiva al giro educativo redundaría en mejores resultados. Es de público conocimiento que casi nada de esto ha pasado.

Lo que sí ha ocurrido es la aparición de múltiples controles y de la política de partidos. A la conservación de las mismas reglas económicas de observancia normativa respecto del reconocimiento oficial, del derecho a impetrar la subvención, clasificaciones, convenios, evaluaciones, igualdad de trato en la subvención, rendición de cuentas, planes y sanciones, sumado a la designación política de directores ejecutivos, se le adicionaron otras: convenio del director, comité directivo local, consejo local, audiencias públicas, plan anual, plan estratégico local y aumento de la tuición técnica.

Tristemente se destaca el asfixiante examen de Hacienda sobre la entrega y uso de recursos a los SLEP aplicando reglas económicas inadecuadas que no les permite administrar con mayor flexibilidad su financiamiento y tampoco invertir en infraestructura ni ampliar o mejorar su oferta de la misma forma y con igual agilidad que sus competidores. Por torpeza o decisión política el resultado es el mismo: pone en duda la desmunicipalización y beneficia la expansión del sector particular.

Es evidente que se puede tener mayor o menor consideración en el análisis del impacto de estas y otras reformas legales al sistema escolar. Sin embargo, hay cuestiones que son irrefutables a la luz de los resultados: su aporte ha sido modestísimo en calidad y equidad y bastante sustantivo en robustecer el negocio educativo. Y aunque las directrices del actual sistema económico sean contradictorias con cualquier medida que favorezca la educación en su sentido más elemental, los acuerdos por mantener este convencimiento permanecen en plena vigencia.

Lo radical de este escenario, no es únicamente la ausencia del Estado en este proceso, sino en cómo la política que lo controla ha jugado un rol preponderante en la profundización de la ganancia en el sistema escolar. El Poder Público se ha desprendido de su provisión, de su garantía y, con mayor énfasis, ha procurado proteger casi únicamente la privatización y el lucro.

La política educativa ha tributado a un fanatismo que va más allá de una simple elección económica. La normativa ha sido el medio más expresivo y categórico para ubicar a la educación en el centro de una creada deliberación comercial. Y la educación, puesta en este derrotero, se ha encargado de reproducir y naturalizar desde su estructura orgánica hasta las aulas, al mercado como la única forma posible de satisfacer esta necesidad humana.

El fallo final de la política no ha sido solo evadir la idea de una escuela donde los niños, niñas y adolescentes aprendan, asistan seguros y felices, sino también el no entender que la educación, para que funcione, tiene que estar al servicio de un proyecto de país, de un modelo de desarrollo que guíe sus medidas y no exclusivamente a la conveniencia de unos pocos, reduciendo al Estado y llenando los bolsillos de sus dueños.