Representantes de Maricarmen Abascal y la empresa Urbagestión alcanzaron un acuerdo para que la mujer de 87 años pudiera regresar al departamento de Madrid en que residió durante 70 años y del que fue desalojada el pasado miércoles.

El acuerdo, pendiente de convalidación por parte de Maricarmen, se produjo tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con problemas de movilidad, se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España. Tras el desalojo, que ocurrió el 23 de septiembre, tuvo que ser ingresada en un hospital.

Durante días se acusó a la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble donde residía Maricarmen, de no permitir ningún tipo de negociación para que pudiera quedarse.

Sin embargo, la abogada de Abascal, Beatriz Duro, declaró en una rueda de prensa que había existido “buena voluntad por ambas partes” y que su clienta pagaría una cantidad similar de alquiler bajo un nuevo contrato, lo que evitaría una importante subida del precio.

De esta manera parecía llegar a su fin un episodio que tensionó a la sociedad española por la crisis de vivienda. El padre de Maricarmen alquiló por primera vez la vivienda en 1956 y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus progenitores, durante una época en la que existía un límite legal a los alquileres.

La firma de inversión Urbagestión, que compró el inmueble en 2018, aumentó el alquiler de unos US$572 mensuales a US$3.020.

Posteriormente, la empresa ofreció reducirlo a US$1.700, pero aun así Abascal no podía permitírselo, pues recibía una pensión mensual cercana a los US$1.400.

Tres intentos previos de desalojarla habían sido bloqueados por los tribunales. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero faltaba la ratificación de la octogenaria, que permanecía hospitalizada.