El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través de su presidente nacional, Mario Aguilar, calificó de graves los anuncios de despido de docentes por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Presupuesto 2027.

El jefe de la billetera fiscal se refirió esta mañana a la disminución cercana al 3,6% en las horas docentes máximas y a las advertencias de que, particularmente en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el ajuste podría traducirse en despidos.

El líder gremial docente señaló que son “extremadamente graves las declaraciones que ha realizado el ministro de Hacienda, en las que a priori anuncia el despido de docentes. Esto no corresponde, porque cada uno de los servicios públicos de educación, ya sean municipales o SLEP, requieren de la existencia de un plan anual, que en el caso de los municipios es el PADEM y en los servicios locales es el PAL”.

El presidente del Magisterio argumentó que “esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos, porque de lo que se trata no es de ahorrar recursos; el objetivo principal debe ser cumplir adecuadamente con los objetivos educacionales que tiene cada servicio”.

Asimismo, Aguilar sostuvo que: “Por lo tanto, que a priori el ministro de Hacienda —es decir, antes que esos planes anuales estén desarrollados, en los que además participan las comunidades— esté determinando que tiene que haber despidos y disminución de la dotación, nos parece extremadamente grave porque vulnera la propia legislación y hace primar criterios económicos por sobre criterios pedagógicos”.

El dirigente de los docentes ejemplificó: “Supongamos que un colegio, y después su servicio respectivo, determinan que hay cursos que tienen que tener menos estudiantes porque tienen demasiados alumnos de integración, por ejemplo; o cursos que por distintas razones son complicados, o las escuelas rurales que por su naturaleza tienen pocos alumnos por sala, tienen el derecho a la educación”.

Aguilar alertó que “este criterio exclusivamente económico puede producir un impacto muy grave y muy severo sobre la educación que reciban nuestros niños y niñas”.

Así, adelantó que el Colegio de Profesoras y Profesores tomará “distintas acciones: legales, administrativas, en la Contraloría, por ejemplo. Pero también de movilización, porque esto nos parece gravísimo; que a priori el señor ministro esté forzando y obligando a los servicios a despedir profesionales de la educación”.