El Gobierno confirmó que retirará su reforma constitucional en seguridad, ya que consideró que sus objetivos se cumplen con la nueva propuesta de reforma que redactaron los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, Arturo Squella (Rep), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD). Ahora, la iniciativa también cuenta con el respaldo de los senadores Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (Independiente).
El compromiso del Gobierno era que retiraría su proyecto -altamente cuestionado, entre otras raz por el nuevo estado de excepción constitucional- si es que lograba estar conforme con el de los senadores Squella, Longton y Araya.
Tras una reunión sostenida en el Senado, en que los parlamentarios le presentaron su propuesta, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, indicó que “cumple con los objetivos se ha establecido el Gobierno” y que en consecuencia, la nueva reforma ingresará al Congreso este miércoles. “Nosotros, dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto”, dijo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el nuevo texto “aborda las principales materias que son de interés para el Gobierno, para avanzar en el combate del crimen organizado, una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en un perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional”.
En tanto, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que “mañana (miércoles), los cinco senadores van a presentar el texto. Hasta aquí, lo que nosotros hemos conocido satisface al Ejecutivo. Si es así, si mañana llegamos a esa conclusión de manera definitiva, está la disposición de retirarlo”, sostuvo.
Al encuentro con los ministros asistieron los autores del proyecto, además de los senadores Karim Bianchi e Iván Flores. Sus votos son clave para la iniciativa, pues con ellos se alcanzan los 29 respaldos necesarios para que la reforma constitucional se apruebe.

Respecto al contenido del proyecto, lo que han adelantado los legisladores es que mantiene dos ejes de la reforma original del Gobierno: la condena al crimen organizado en la Constitución para que tenga un estatus similar al que tiene el terrorismo; y la habilitación a Gendarmería para que establezca regímenes penitenciarios diferenciados.
Lo que finalmente fue descartado por los senadores es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. En su reemplazo, se propone una modificación al estado de emergencia, para que ahora pueda ser invocado en razón de una amenaza a la seguridad pública.
Los senadores advierten que no se tocarán los plazos de renovación cada 30 días ni tampoco se ampliarán medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones.






