El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, cuestionó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno y advirtió que, pese a que el Ejecutivo plantea un aumento del gasto público de 1,5%, el desglose de las partidas presupuestarias mostraría una reducción de recursos en distintos programas y áreas del Estado.
En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Pérez sostuvo que existe una diferencia entre la forma en que el Gobierno presenta el proyecto y lo que se desprende de la revisión de las distintas partidas. A su juicio, se trataría de un “incremento disfrazado”, debido a que la proyección oficial considera una inflación promedio cercana al 2,8%-2,9% para el próximo año, mientras que la inflación acumulada durante 2026 ya supera el 4%.
“Cuando presentan el proyecto dicen ‘vamos a aumentar el gasto público en 1,5%’. Sin embargo, cuando uno hace el desglose de las partidas presupuestarias (…) ahí tenemos sorpresas”, denunció.
“Si uno lo está proyectando hacia adelante está bien, pero con la inflación que tenemos hoy día hay una diferencia notable, acumulada en 2026 va sobre un 4%, casi un 4,3%”, planteó Pérez. Según el dirigente, esto genera dudas respecto de la mirada utilizada para construir las cifras presupuestarias: “Uno dice, ¿dónde está esa mirada objetiva con datos técnicos duros?”.
El presidente de la ANEF también vinculó la discusión presupuestaria con el escenario económico y laboral del país. “Frente a las crisis el gasto público ayuda a salvar la economía de nuestro país”, sostuvo. Además, apuntó a que el Ejecutivo debería modificar su discurso para plantear un incremento del gasto.
Sin embargo, Pérez cuestionó que esta discusión se produzca en paralelo a una reducción de impuestos a grandes corporaciones y al empresariado. “Eso implica al Estado menos 6 mil millones de pesos”, cuestionó, y señaló que esa disminución de ingresos también tiene consecuencias sobre la capacidad redistributiva del Estado.
Uno de los principales focos de preocupación para la ANEF está relacionado con el empleo público y la continuidad de programas estatales. En ese sentido, Pérez se refirió la situación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), organismo que despidió a más de 80 personas este año, “la mayoría mujeres”.

El dirigente cuestionó el argumento utilizado para justificar esas desvinculaciones. “¿Cómo no tiene razón de ser?”, criticó, y puso el foco en el rol preventivo que debe cumplir el Estado frente a las problemáticas que afectan a los jóvenes.
“Las juventudes hoy las tenemos metidas en el narco, en la banda criminal organizada, entonces no conversa el carácter preventivo del Estado cuando aparece este cierre administrativo como amenaza concreta, con un presupuesto que está ahí a la vista”, sostuvo.
Ante este escenario, el presidente de la ANEF trasladó parte de la responsabilidad al Congreso, donde se desarrollará la discusión del proyecto. Así, subrayó que los parlamentarios deberán explicar ante sus electores cuál será su posición frente a eventuales recortes.








