Las tensiones entre Chile y Argentina suman un nuevo capítulo. Esta vez, por el restablecimiento de la conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, que ha provocado fuertes cuestionamientos de nuestros vecinos. Incluso, voces del otro lado de la Cordillera han planteado detener al buque chileno que realizará el trayecto. Todo esto mientras informes de inteligencia nacional advierten sobre un posible “evento crítico inminente” diplomático o militar con Argentina hacia fines de año.
Se trata de una ruta que funcionó durante más de un siglo, pero que dejó de operar a comienzos de los años 2000 por razones económicas. Su reanudación amenaza ahora con convertirse en un nuevo foco de conflicto diplomático, por las diferencias entre ambos países respecto de la navegación, la soberanía y el control de los espacios marítimos del extremo sur del continente, en especial con relación a las islas Malvinas/Falklands.
Esta vez, la controversia gira en torno al buque chileno Danstar, de la empresa chilena Easter Island Naviera, que pretende restablecer una conexión comercial entre Punta Arenas y las Malvinas, incorporando una nueva dimensión a las tensiones territoriales, diplomáticas y marítimas que ambos países han protagonizado durante este año.

El pasado 3 de septiembre se anunció públicamente esta nueva ruta marítima, luego de un acuerdo entre Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland para restablecer el transporte directo de mercancías entre Punta Arenas y Puerto Stanley. El anuncio coincidió con una visita del presidente argentino Javier Milei a Chile para reunirse con José Antonio Kast. Ese mismo día, ambos gobiernos reafirmaron el respaldo chileno a la reclamación argentina de soberanía sobre las islas.
La nueva ruta será operada por el Danstar, una embarcación de 72 metros de eslora, de bandera chilena, que transportará contenedores y carga comercial. Según confirmó Luis Cisternas, gerente comercial de la naviera, el primer viaje se realizará a más tardar a comienzos de diciembre, atravesando el Estrecho de Magallanes y no el paso Drake.
El recorrido tendrá una extensión aproximada de 900 kilómetros y demorará unos dos días y medio, ofreciendo una alternativa al abastecimiento que actualmente sale desde Montevideo, a unos 2.000 kilómetros. Desde la empresa aseguran que se trata de un negocio entre privados para abastecer a una comunidad, comparable con las operaciones que mantienen con Rapa Nui, y que cumplirá con el derecho internacional sin requerir coordinación con autoridades argentinas.
La reacción Argentina y los tratados internacionales
Sin embargo, esto no ha pasado desapercibido al otro lado de la cordillera. El canciller argentino, Pablo Quirno, llamó a respetar los acuerdos vigentes entre ambos países y advirtió que se mantendrá un monitoreo de la situación. Esta semana, durante una intervención ante el consejo argentino para las relaciones internacionales, el ministro endureció su discurso respecto de las Malvinas.
Quirno volvió a instar al Reino Unido a negociar sobre la soberanía del archipiélago e insistió en las sanciones contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Pero también dirigió una advertencia a los países vecinos, al señalar que la postura de cada nación sudamericana respecto de las Malvinas determinará la profundidad de sus vínculos con Argentina.

Detrás de esta controversia comercial existe una disputa jurídica de larga data. El Tratado de Límites de 1881 reconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y garantizó la libre navegación para todas las banderas. Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 estableció obligaciones para Argentina respecto del tránsito expedito y sin obstáculos hacia y desde el estrecho.
Sin embargo, dos decretos argentinos introdujeron nuevas diferencias. El primero, de 2010, exige autorizaciones previas para determinadas navegaciones vinculadas con las Malvinas. El segundo, de 2021, firmado por Alberto Fernández, incorporó referencias al estudio y control conjunto de espacios marítimos australes, lo que generó cuestionamientos desde Chile por sus implicancias sobre la soberanía y los tratados vigentes.
Precisamente este último decreto, el 457 de 2021, fue el que el gobierno de Javier Milei se comprometió a corregir, tras reconocer en marzo de 2025 que sus referencias al Estrecho de Magallanes constituían un error. A comienzos de septiembre, el ministro chileno de Defensa, Fernando Barros, aseguró que el documento para derogarlo ya estaba preparado y esperaba la firma del mandatario argentino. Sin embargo, Milei no concretó la derogación durante su última visita a Chile, mientras el Presidente Kast descartó exigirle que firmara el documento en territorio nacional.
La advertencia de inteligencia: la interceptación del buque
Pero la controversia adquirió una dimensión todavía más delicada esta semana. El pasado 6 de octubre, durante una intervención ante comisiones de la cámara de diputados argentina, Fernando Claudio Morales, presidente de la Liga Naval Argentina y veterano de la Guerra de Malvinas, planteó la posibilidad de detener al buque chileno.
Morales afirmó que el Danstar zarparía el próximo 10 de noviembre con carga logística para el proyecto petrolero Sea Lion y que, una vez que abandone el Estrecho de Magallanes, las autoridades argentinas deberán determinar si su tránsito constituye un paso inocente.

“El artículo 19 de la Convemar dice claramente que cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido”, sostuvo Morales, quien además planteó que será responsabilidad de la cancillería argentina decidir cómo actuar ante el paso de la embarcación.
Estas declaraciones adquieren especial importancia después de que, este jueves 8 de octubre, una investigación de BioBioChile revelara que fuentes de inteligencia chilena advierten sobre un eventual evento crítico con Argentina hacia fines de año, producto de la posible interceptación del Danstar por parte de la Prefectura Naval o la Armada argentina.
El punto de mayor preocupación no estaría dentro del Estrecho de Magallanes, sino después de su límite oriental, cuando la embarcación atraviese las 12 millas de mar territorial argentino. Según la investigación, los antecedentes ya habrían sido enviados al Ministerio de Defensa y a Cancillería.
Además, tanto las fuentes de inteligencia consultadas como la propia empresa declinaron en dar la fecha exacta del zarpe para evitar eventuales acciones contra la embarcación ni tampoco se señaló que la carga del buque esté relacionada con el proyecto petrolero británico. Esto abre interrogantes sobre la veracidad y cómo Morales obtuvo la fecha del 10 de noviembre, que no ha sido confirmada públicamente por la naviera.
La posición chilena: el gobierno baja el perfil, mientras crecen las preocupaciones
Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Fernando Barros, buscó reducir las preocupaciones. Consultado sobre una eventual escolta naval, aseguró que no existen antecedentes que justifiquen adoptar medidas excepcionales. También recordó que los tratados internacionales garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Una postura distinta expresó el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien manifestó una preocupación real frente a la posibilidad de un incidente e hizo un llamado a Cancillería para actuar antes de que la situación pueda agravarse.

La discusión también tiene una dimensión fundamental en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un estado no puede invocar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por ello, los decretos argentinos no pueden modificar unilateralmente los compromisos establecidos en los tratados bilaterales.
Estas diferencias ya habían provocado advertencias desde Chile. A comienzos de septiembre, seis excomandantes en jefe de la armada publicaron una carta en la que cuestionaron los decretos argentinos y recordaron las consecuencias de las disputas territoriales de 1978, cuando ambos países estuvieron al borde de un enfrentamiento militar por el conflicto del Beagle.
Por ahora, Argentina no ha anunciado oficialmente ninguna prohibición de tránsito contra el Danstar, ni existe confirmación de una operación para interceptarlo. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que mantienen ambos países respecto de la soberanía, la navegación y el control de los espacios marítimos australes. Una situación particularmente sensible por sus antecedentes históricos y porque una eventual intervención contra una embarcación comercial chilena podría transformar una controversia jurídica y diplomática en una crisis bilateral de consecuencias mucho mayores.






