En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió al próximo aniversario del estallido social y abordó, además, la posibilidad de que el Presidente conceda indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.
Respecto a los 7 años de las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019, Bustos señaló como relevante “disputar la narrativa predominante que ha buscado instalar el oficialismo de que el estallido social fue fundamentalmente violencia, delitos, saqueos, porque no fue solo eso, para nada”.
Aseguró que hubo delitos que “en su gran mayoría” fueron investigados y sancionados, pero que, sin embargo, hay hechos más relevantes de dicho proceso. “Por un lado, manifestaciones pacíficas, multitudinarias en la Región Metropolitana y en todas las regiones de Chile, eso es el ejercicio del legítimo derecho a manifestarse, que es un derecho clave en cualquier sociedad democrática. Y lo segundo, graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, porque tuvimos la peor crisis de derechos humanos desde la época de la dictadura civil-militar”, explicó.
“Ambas cosas hay sectores que quieren borrarlas, como que no ocurrieron las manifestaciones pacíficas ni ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, solo actos delincuenciales comunes, lo cual está muy lejos de ser cierto”. agregó.
Bustos vinculó la fecha con la intención de conceder indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante este proceso de protestas. “Están condenados y con prisión efectiva por delitos muy graves cometidos durante el estallido social y son solo 14 personas”, dijo.
Lo anterior se mezcla con la búsqueda de conceder el mismo beneficio a criminales de lesa humanidad. “Lo que hay detrás es que hay sectores que no creen en los derechos humanos, no creen que si tú, yo, todas las personas tenemos derechos humanos, nos manifestamos la policía no puede vulnerar nuestros derechos o que durante la dictadura no correspondía que hubiera tal nivel de represión y atrocidades como las que se cometieron”, afirmó.
Respecto al estallido social, recordó casos específicos por los que se condenó a uniformados. “Hay una niña de 14 años que quedó ciega de un ojo porque un carabinero le pegó con la luma en la cabeza. Hay un caso en Buin donde una persona, Mario Acuña, quedó parapléjica, postrada en la cama de por vida por una golpiza brutal de carabineros”, indicó.
“Cuando dicen ‘presos por servir’ o ‘porque defendieron la patria’, la verdad es que como comunidad no podemos esperar que esa sea la manera de servir a Chile. Esa no es la manera de servir a Chile. Esos fueron actos brutales, delitos documentados en las investigaciones de la Fiscalía y resueltos por los tribunales de la República”, planteó.
Sobre los condenados por crímenes durante la dictadura civil militar, afirmó que “se confunden las cosas”. Y explicó que la legislación chilena ya permite establecer otro tipo de medida que no sea cárcel en caso de enajenación mental, lo que establece el tribunal.

“Entonces, están tratando de desinformar, de tergiversar las cosas, porque tienen un compromiso férreo con las peores barbaridades que se cometieron en la historia de Chile”, dijo Bustos.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile abordó también la agenda de seguridad del Gobierno y cuestionó que “hay quienes, en el Gobierno del presidente Kast, le tienen alergia al derecho a manifestarse, a que las personas podamos estar con un lienzo o estar en una marcha planteando nuestras reivindicaciones, demandas al Estado.
“Se ve en la legislación que impulsa el Gobierno, que lo que más pareciera preocuparle, más que la delincuencia, el crimen organizado, es que las personas no vuelvan a salir a las calles a protestar, porque, si no, no se explicaría esta urgencia de la denominada Ley Antibarricada 2.0”, mencionó.
Violaciones a los DD.HH. durante el estallido social: “Claramente nuestro país no aprendió la lección”
Respecto a la reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social, Bustos, aseguró que Chile tiene experiencia respecto a como responder frente a estos casos a raíz de la dictadura civil-militar.
“Sin embargo, después de la crisis de derechos humanos de octubre de 2019 en adelante, la verdad es que claramente nuestro país no aprendió la lección, porque en materia de justicia lo que ha habido fundamentalmente ha sido impunidad. Menos de un 2% de las 11 mil 504 denuncias que llegaron a la Fiscalía fueron sentencias condenatorias”, explicó.






