El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el Gobierno de José Antonio Kast para reformar la institución y advirtió que la iniciativa debilita su autonomía y capacidad de proteger a la ciudadanía frente a los abusos del Estado. En la misma línea, el consejero del organismo Osvaldo Torres sostuvo que la propuesta representa una concesión política a los sectores más extremistas de la derecha.
La iniciativa, ingresada este lunes al Congreso, modifica la ley que rige al INDH desde 2009 e introduce cambios en su estructura y atribuciones. Entre las principales medidas, elimina la facultad de presentar querellas criminales, reduce el Consejo de 11 a cinco integrantes y contempla una reorganización territorial que no considera sedes fuera de Santiago. Según el informe financiero del proyecto, la reforma permitiría un ahorro fiscal cercano a los $3.721 millones anuales.
En conversación con Radioanálisis, Ljubetic sostuvo que el proyecto representa una amenaza para el funcionamiento de la institución y para las personas que recurren a ella en busca de protección de sus derechos. “Yo creo que este proyecto claramente es un proyecto que daña la democracia, porque deja sin herramientas de protección a las personas, en la medida en que neutraliza a la principal institución de derechos humanos que está precisamente para limitar el poder del Estado”, afirmó.

El director del INDH también cuestionó que el Ejecutivo presente la reforma como una iniciativa para fortalecer al organismo. A su juicio, las medidas propuestas apuntan en sentido contrario, al reducir sus facultades y limitar su autonomía para fiscalizar la actuación estatal. “Lo que propone claramente, si uno lee el proyecto, es dejarlo amarrado de pies y manos, debilitando su autonomía y quitándole las herramientas para proteger los derechos de las personas frente a los abusos del Estado”, señaló.
Ljubetic advirtió que las consecuencias no se limitarían al funcionamiento interno del Instituto, sino que afectarían directamente a quienes buscan defender sus derechos en distintas zonas del país. En ese sentido, manifestó su preocupación por la reducción de la presencia territorial del organismo y por las limitaciones que enfrentaría para intervenir en materias como salud, agua, medioambiente y vivienda. “No se puede hablar de fortalecer una institución mientras se desmantelan sus sedes regionales, se nos reduce solo a Santiago y, además, se le quitan herramientas, facultades y recursos para proteger a la ciudadanía”, sostuvo.
El director calificó la propuesta como un proyecto “extremo” y llamó a que la discusión parlamentaria permita corregir sus aspectos más cuestionados. “Representa probablemente el retroceso más grave que hemos tenido en materia de derechos humanos desde el término de la dictadura”, agregó.
Consejero Osvaldo Torres acusa una concesión política a sectores de la derecha
Por su parte, el consejero del INDH Osvaldo Torres cuestionó el origen y el alcance de la reforma del INDH, y planteó que la propuesta del Ejecutivo responde a una concesión a sectores que han promovido la eliminación del organismo. “Yo creo que el proyecto en general tiene una característica que es como una concesión política a sectores más extremistas de la derecha que buscaban la eliminación del Instituto”, afirmó.
Torres sostuvo que la iniciativa gubernamental se distancia de otra propuesta de reforma que se encontraba en discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentada por parlamentarios de Renovación Nacional. Según explicó, existía un consenso al interior del Consejo del INDH sobre la necesidad de introducir cambios, pero con el objetivo de fortalecer la institución.
“En el Consejo hay un consenso de que el Instituto requería reforma, pero, como dice su mismo título, el documento transversalmente aprobado era para el fortalecimiento del Instituto y no para su debilitamiento, tanto presencial, presupuestariamente y de las facultades que actualmente tienen”, señaló.
El consejero advirtió que la propuesta del Gobierno podría degradar la autonomía del organismo y reducir su capacidad de actuar ante vulneraciones graves de derechos humanos. En esa línea, sostuvo que los cambios no solo afectan la estructura institucional, sino también las condiciones necesarias para que el INDH cumpla su mandato.
La reforma contempla, además de la eliminación de las querellas criminales, que serían reemplazadas por una facultad de denuncia institucional, la creación de un cargo de director ejecutivo para asumir la gestión administrativa y operativa del organismo. El Ejecutivo ha defendido estos cambios bajo el argumento de superar debilidades estructurales, reforzar el rol consultivo y mejorar la eficiencia institucional.






