En el contexto de la discusión sobre los presupuestos públicos, es necesario considerar que las propuestas de recortes en las partidas presupuestarias de los ministerios de agricultura y de energía no son neutras. Más allá de las cifras, se expresan prioridades, modelos de desarrollo y decisiones sobre qué actividades, poblaciones y territorios merecen la atención del Estado.
Al revisar el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para los ministerios de Agricultura y de Energía, es posible observar con preocupación las reducciones presupuestarias. Las decisiones sobre dónde aumentar y dónde disminuir recursos parecen agudizar una forma de entender los territorios rurales durante décadas, centrada principalmente en su contribución a determinadas actividades económicas, sin abordar suficientemente las condiciones que permiten sostener la vida en ellos. Lo que está en discusión, entonces, no es solo la distribución de recursos, sino la mirada que orienta la acción del Estado en relación con los territorios rurales.
En Agricultura, las cifras dan cuenta de una disminución del 15,2% en los ingresos totales de INDAP y de reducciones del 33,7% y del 42,2% en los recursos destinados a PRODESAL y a PDTI, respectivamente, en comparación con 2026. El caso de PRODESAL merece especial atención. Es cierto que el programa tiene una historia compleja en materia de evaluación presupuestaria. La Dirección de Presupuestos (DIPRES) cuestionó en evaluaciones anteriores aspectos de su diseño, implementación y resultados, lo que evidencia la necesidad de revisarlo y mejorarlo. De hecho, para 2027 su reformulación recibió una recomendación favorable de DIPRES. Sin embargo, no podemos perder de vista que PRODESAL constituye una de las principales formas en que el Estado llega a los territorios rurales, especialmente a localidades donde su presencia es limitada. Su importancia no radica únicamente en la asistencia técnica ni en los resultados productivos, sino también en la continuidad del acompañamiento, en la articulación local y en los vínculos construidos con las comunidades. Por ello corresponde preguntarse qué señal deja en comunidades rurales una reducción de recursos de esta magnitud y qué ocurrirá con las capacidades territoriales que el programa ha construido.
Esto reforzado porque a seis meses del inicio de la actual administración, aún no se conocen orientaciones claras sobre el lugar que se le asigna, en su gestión, a la agricultura familiar campesina e indígena (AFCI). Lo cierto es que el Estado habla a través de su presupuesto. En este caso, mientras disminuyen los recursos destinados a la agricultura familiar campesina, se proyecta un aumento del 53,2% en las partidas asociadas a las inspecciones de exportaciones silvoagropecuarias del SAG y del 38% en el programa de manejo del fuego de CONAF. Ambas funciones son muy necesarias, pero no excluyentes. La pregunta, entonces, no es por qué se fortalecen estas funciones, sino qué lugar ocupa en las prioridades públicas la agricultura que sostiene las economías locales, la producción de alimentos y la vida cotidiana de miles de familias rurales.
Ciertamente Chile ha consolidado durante décadas un sector agroexportador competitivo, pero su crecimiento no ha resuelto las desigualdades en el acceso a los alimentos, a la tierra y al agua, ni las condiciones en las que se sostiene la AFCI. La soberanía alimentaria nos recuerda que no basta con producir más: también importa quiénes producen, en qué condiciones y quiénes tienen la capacidad de decidir sobre los sistemas alimentarios y los territorios. Reconocer el papel de la agricultura familiar en la alimentación, las economías locales y la diversidad de conocimientos y prácticas productivas no implica desconocer sus limitaciones, sino comprender por qué las políticas públicas deben fortalecer sus capacidades y no reducir su relevancia a indicadores de productividad.
Esta discusión tiene un contexto histórico que vale la pena revisar. Desde el retorno a la democracia, Chile fue construyendo una institucionalidad de desarrollo rural que atravesó administraciones de distinto signo político. Los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera contribuyeron, con orientaciones diversas, a consolidar instrumentos de apoyo a la pequeña agricultura, al desarrollo local y a la infraestructura productiva.
Esta trayectoria coexistió con la consolidación de un modelo agroexportador que posicionó al país en los mercados internacionales. Ambas orientaciones formaron parte de la acción estatal, pero no avanzaron necesariamente de manera equivalente. Mientras la competitividad agroalimentaria logró consolidarse como prioridad económica nacional, el desarrollo rural permaneció frecuentemente subordinado a programas fragmentados e intervenciones sectoriales.
La Política Nacional de Desarrollo Rural, aprobada en 2020, fruto de estas políticas transversales, recogió parte de esta mirada al reconocer las transformaciones y ofrecer una mirada de territorios rurales más allá de su dimensión productiva. Sin embargo, persiste una brecha entre ese reconocimiento y una acción pública capaz de abordar integralmente sus necesidades. Esta tensión también se observa en la propuesta presupuestaria del Ministerio de Energía. Las partidas analizadas muestran reducciones de entre 36% y 49% en recursos destinados a energías renovables no convencionales y a la energización rural, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aumentaría su presupuesto en un 4,7%.
La transición energética constituye una transformación necesaria para enfrentar la crisis climática, pero su despliegue no ocurre en territorios vacíos. La expansión de proyectos solares y eólicos tiene lugar en espacios donde se desarrollan actividades agrícolas, existen comunidades, se encuentran sistemas hídricos y se mantienen relaciones históricas con el paisaje. Por eso, las decisiones sobre energía también son decisiones sobre el presente y el futuro de los territorios rurales.
Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria no puede quedar al margen de la transición energética. La competencia por el suelo, las transformaciones en el acceso al agua y los cambios en las actividades productivas pueden afectar la capacidad de sostener los sistemas alimentarios locales. No se trata de oponer la producción energética y la de alimentos, sino de discutir bajo qué condiciones pueden coexistir y quiénes participan en las decisiones sobre el uso de los territorios. Las reducciones presupuestarias propuestas en programas claves le quitan capacidad al Estado para liderar esta conversación.
Los territorios rurales son hoy estratégicos para producir alimentos, generar energía, sostener las exportaciones y conservar ecosistemas. Sin embargo, su importancia económica no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida ni en mayores capacidades de decisión para quienes los habitan. Allí persiste uno de los problemas centrales de nuestra manera de pensar el desarrollo rural: tendemos a reconocer el valor de lo que estos territorios producen, pero mucho menos las condiciones que permiten sostener la vida en ellos.
No se trata de contraponer la agricultura familiar y la agroexportación, ni la transición energética y la soberanía alimentaria. Se trata de reconocer que el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la justicia territorial no son resultados automáticos de la expansión productiva. Requieren políticas públicas, instituciones y mecanismos de participación capaces de abordar las desigualdades que atraviesan a los territorios.
El proyecto de Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para discutir qué lugar ocuparán los territorios rurales en las prioridades del Estado. La pregunta no es únicamente cuánto se invertirá, sino qué capacidades institucionales se pretende sostener, cuáles se transformarán y qué concepción del desarrollo orienta esas decisiones.
Un país puede aumentar sus exportaciones agroalimentarias y su generación de energía renovable sin necesariamente fortalecer su soberanía alimentaria ni avanzar en justicia territorial.
El presupuesto, en ese sentido, no solo revela cuánto está dispuesto a gastar el Estado. También permite interrogar qué entiende por desarrollo, qué formas de vida considera necesario sostener y quiénes tienen derecho a decidir sobre el futuro de sus territorios.
Beatriz Bustos Gallardo: profesora asociada del Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
Daniella Gac Jiménez: académica del Departamento de Gestión e Innovación Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Centro de Investigación para la Transformación Agroalimentaria (CITAGRO), Centro de Interés Nacional financiado por ANID.






