La ausencia de abogados del Programa de Derechos Humanos en audiencias judiciales contribuyó a la liberación anticipada de cinco condenados por crímenes de lesa humanidad y a que otros dos puedan salir antes de prisión por acumulación de penas, según antecedentes recopilados entre marzo y octubre de 2026. Paulina Zamorano, exjefa de la entidad, denunció que estas decisiones facilitan la salida anticipada de responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Hasta marzo de 2026, los abogados del Programa de DD.HH., dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, intervenían en las audiencias en que exagentes de la dictadura civil militar solicitaban libertad o rebaja de pena. Entre el 11 de marzo, cuando asumió el gobierno de José Antonio Kast, y octubre de este año, el Programa dejó de alegar en la mayoría de ellas.
Entre marzo y octubre, las Cortes de Apelaciones realizaron 29 audiencias para revisar solicitudes de libertad o rebaja de pena de condenados por crímenes de lesa humanidad. En estos procedimientos, el Programa, órgano a cargo de implementar el Plan Nacional de Búsqueda, no se presentó a alegar o se desistió formalmente de las acciones que había interpuesto.
Estas omisiones institucionales provocaron la liberación anticipada de cinco condenados por crímenes de lesa humanidad. En otros dos casos, la acumulación de penas también permitirá adelantar su salida de prisión.
“Se trata de una maniobra de impunidad que afecta no sólo a las víctimas y sus familiares, sino que a toda la sociedad. Son estrategias administrativas que se utilizan desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que facilitan y permiten la salida anticipada de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Paulina Zamorano, exjefa del Programa e integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.

Reducciones por vía administrativa
La reducción de condenas también puede concederse mediante un decreto del Ministerio de Justicia, sin que intervenga un tribunal ni se escuche a las familias de las víctimas. Entre los casos informados por medios de comunicación están los del ex cabo de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete, el exfuncionario de la Fuerza Aérea Manuel Del Carmen Cabezas Pérez y el exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo. En este último caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, concedió una rebaja de 19 meses.
Zamorano sostuvo que los requisitos de colaboración con la justicia y entrega de información sobre el paradero de personas desaparecidas son “cuestiones que claramente no se han producido en estos casos”. Sobre las salidas anticipadas por vía administrativa, afirmó: “Son salidas por secretaría que comprometen al Estado de Chile por el incumplimiento de tratados internacionales que el mismo Estado ha suscrito”.
La exjefa del Programa agregó que las organizaciones de derechos humanos ya habían informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estas medidas, que calificaron como “indultos pasivos”. Ahora, señaló, deberán comunicar también esta nueva estrategia de liberación mediante la reducción de condenas.

A través del Programa de Derechos Humanos, el Estado se opone ante los tribunales, en representación de los familiares de las víctimas, a las solicitudes de libertad o rebaja de pena de condenados por crímenes de lesa humanidad. Cuando los abogados del organismo no comparecen, el tribunal resuelve sin conocer la posición del Estado frente a los argumentos de la defensa.
Entre los cinco condenados que obtuvieron la liberación anticipada tras la no intervención del Programa están César Manríquez Bravo, Héctor Osses Yáñez, Luis Palacios Torres, Héctor Flores Vergara y Jaime Müller Avilés.
En otros dos casos, la falta de intervención del organismo derivó en la acumulación de las penas de Viviana Ugarte Sandoval y Walter Klug Rivera, lo que también permitirá adelantar su salida de prisión






