Representantes de Chile Vamos sostuvieron una reunión de coordinación urgente la mañana de este martes con el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, en el marco de la crisis política que enfrenta el Gobierno por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
El encuentro se produjo después de que Renovación Nacional (RN) difundiera una declaración en la que cuestionó la conducción política del Ejecutivo frente a la controversia, apuntando a falencias de coordinación y a la necesidad de revisar las responsabilidades involucradas.
A la cita en Palacio, que se extendió por casi una hora, llegaron los tres timoneles de Chile Vamos alrededor de las 09.30: la senadora Andrea Balladares (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI).
Tras el encuentro, la primera en hablar fue la presidenta de RN, quien aseguró que la intención de su colectividad sigue siendo colaborar con la administración del Presidente José Antonio Kast, pero reconoció que el escenario político es complejo.

“Siempre ha sido nuestra intención cooperar con el Gobierno para que a Chile le vaya bien. Y en eso sabemos que estamos en un minuto difícil, en una situación política compleja”, sostuvo.
En esa línea, detalló que en el encuentro se trataron diversas materias y mecanismos para ayudar a superar la crisis, con especial hincapié en dar respuesta a las víctimas y sus familias. También expuso la necesidad de retomar las prioridades de la ciudadanía, entre ellas el empleo, la seguridad y la economía.
“Creemos que esta crisis ha dejado en evidencia algunas falencias, tanto políticas como comunicacionales. (…) Hoy día más que nunca es necesario ver cómo se está trabajando, en hacer un análisis del diseño completo”, afirmó.
Respecto de una eventual salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que RN haya solicitado su renuncia y recalcó que esa determinación corresponde al Presidente de la República.
Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke también manifestó reparos respecto de la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la controversia y planteó que se requiere una mayor conducción política para encontrar una salida.

“Nosotros hemos venido precisamente a señalarle al vicepresidente Alvarado nuestra disconformidad con cómo se ha abordado parte de este debate, creemos efectivamente que hay mucha experiencia, que la forma también de abordar estos asuntos tiene que ser con más política precisamente porque lo que requerimos, lo que necesitamos es buscar una solución plausible.”, señaló.
En ese sentido, el parlamentario sostuvo que la prioridad debe estar puesta en encontrar una solución y avanzar en el proyecto que actualmente se tramita en el Congreso.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que el manejo de la situación tuvo un costo político para el Ejecutivo. “No vale la pena ocultar que aquí hubo un error político que ha tenido consecuencias importantes, es cosa de las encuestas, es cosa de ver cómo ha reaccionado la ciudadanía, es cosa de las redes sociales, es cosa del interés de los medios de comunicación”, sostuvo.
Sin embargo, hizo una distinción entre el costo político de la decisión y una eventual infracción legal o constitucional, y descartó que se haya configurado una situación de ese tipo. Así, señaló que es posible cuestionar la decisión adoptada por el ministro de Justicia, pero al mismo tiempo respetar la institucionalidad y rechazar una eventual acusación constitucional.








