Finalizaron los alegatos de clausura en el juicio de los comuneros Luis Tralcal y Mauricio Huaiquilao, quienes participaron en la última huelga de hambre de los presos políticos mapuche y hoy se encuentran en libertad condicional con medida cautelar.

En la causa, que se inició el pasado 5 de septiembre, el Ministerio Público solicita como querellante penas de 50 y 37 años. A Huaiquilao se le imputan dos incendios, por uno de los cuales se invocó la Ley Antiterrorista.

Mientras, en el caso de Luis Tralcal los cargos son por tenencia ilegal de municiones y cartuchos, además de tenencia ilegal de partes y piezas de explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza.

Los comuneros han señalado que acá se ha configurado un nuevo montaje contra sus líderes, donde se presentaron casi 100 testigos y más de 50 peritos. Asimismo, el abogado defensor, Sebastián Saavedra, afirmó que las pruebas son de muy baja calidad.

“Yo espero que quede claro que tanto Huaiquilao como Tralcal no tienen participación en los hechos y que quedara claro también toda la injusticia que se cometió con nuestra gente, porque tnerlos encarcelados se rompe con la vida familiar, significa un alto costo emocional y económico para nosotros. Desde que los hermanos decidieron levantarse y reivindicar las demandas de nuestro pueblo no se puede llevar una vida tranquila”, señaló Lisette Melillán, pareja de Luis Tralcal.

La mujer añadió que la comunidad es constantemente asediada por uniformados y que sus miembros temen ser acusados por supuestos delitos, viviendo en una angustia constante.

Cabe señalar que Tralcal y Huaiquilao habitan en el lof Yupeco-Catrileo, el ex fundo “Santa Margarita”, que antes pertenecía al empresario Jorge Luchsinger y donde el año 2008 fue asesinado el weichafe Matías Catrileo, en el marco de reivindicaciones territoriales.

La sentencia de este juicio podría ser leída hoy, pero es más probable que el juez Jorge González se pronuncie el próximo lunes 3 de octubre, a días que la Corte de Apelaciones de Santiago pudiera zanjar de forma definitiva la condena del oficial de Carabineros Walter Ramírez Espinoza, sindicado como autor del crimen de Matías Catrileo.