Desilusión causó en las comunidades mapuche esta decisión del máximo tribunal chileno, que rechazó el recurso de protección que los dirigentes habían presentado en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de La Araucanía, la cual calificó favorablemente el proyecto “Línea de Transmisión de 110 kilovatios Melipeuco-Freire”, de la empresa Enacon S.A.

Elba Huenchumil, vocera del Territorio Tragun-Mapu Maile-Allipen, afirmó que con esta decisión se está violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se pasan a llevar sus derechos directamente. Además, sostuvo que en nuestro país existe una fuerte desigualdad, ya que no todos los ciudadanos son iguales ni ante las autoridades ni ante las leyes: “Pienso que las cosas serían muy diferentes si nosotros tuviéramos el mismo poder económico que, en este caso, tiene la empresa. Como comunidad mapuche, es lamentable, pero somos re pobres acá y el tema económico también es un tema de peso, eso lo palpamos día a día. Nosotros cada día nos empobrecemos más, mientras empresas económicas trasnacionales nos quitan no solamente nuestro derecho de ser dueños de esta tierra, sino que también el tema económico que nos empobrece con estos inmensos trazados eléctricos y otras cosas más, como quieren poner acá en La Araucanía”, sostuvo Huenchumil.

Efectivamente, a este tendido eléctrico, que pasaría en medio de un sitio de fuerte significación cultural mapuche, se suma la instalación de diversas empresas salmoneras y la construcción de un aeropuerto, también en terrenos reivindicados por las comunidades.

Frente a esta situación, la vocera indicó que seguirán luchando por mantener su territorio, comunicándose con diversos organismos internacionales.

En tanto, Hernando Silva, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano, se mostró inquieto, ya que el fallo de la Corte Suprema señala que al existir otro tendido, este territorio no estaría intervenido, lo que calificó de “un retroceso en la implementación del Convenio 169 y del derecho de consulta de los pueblos”.

“Es bastante preocupante, porque deja sin efecto la sentencia de primera instancia, que reconocía la implementación del 169 y la necesidad de realizar un proceso de consulta. Lo preocupante está en que la Corte Suprema desconoce la afectación de las comunidades por el proyecto y al desconocer esto, desconoce también la necesidad de aplicar el proceso de consulta, luego de una racha bastante favorable en la cual venía una seguidilla de sentencias muy esperanzadoras en la implementación del convenio 169. Viene un vuelco jurisprudencial, en el cual se desconoce nuevamente la afectación de las comunidades”, señaló Silva.

Entre esta racha se encuentran proyectos emblemáticos, como la minera El Morro en el valle del Huasco, la minera Paguanta en la región de Tarapacá, la central de transferencia de basura de Lanco y el plano regulador de San Pedro de Atacama, todos casos confirmados por la misma Corte Suprema donde se reconocía la afectación de las comunidades, a diferencia de este fallo que va en la línea contraria.

En este sentido, las organizaciones esperan que la jurisprudencia nacional no se asiente en este rumbo, priorizando otros aspectos legales por sobre lo establecido en un tratado internacional, con características de ley, firmado y ratificado por nuestro país.