La Corte de Apelaciones de Santiago declaró este jueves inadmisible el recurso presentado por el fiscal Manuel Guerra en contra del juez Juan Manuel Escobar del Octavo Juzgado de Garantía, y que buscaba evitar que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena declararan como testigos en el proceso.

La sentencia del tribunal de alzada respalda la decisión del magistrado quien acogió un recurso de la defensa de los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, lo cual podría obligar a los persecutores a ser incluidos en u eventual juicio oral lo que les inhabilitaría a seguir en su rol como fiscales de la causa.

Mauricio Daza, abogado querellante del caso, calificó como lamentable la decisión de la Corte de Apelaciones, y más aún que con esta determinación se respalda lo que considera una estrategia de la defensa de los dueños de Penta y se sienta un precedente negativo en este tipo de causas.

“Creemos que es necesaria una decisión y pronunciamiento de fondo por parte de un tribunal superior de justicia y no dejar esto solamente a lo que decidió un tribunal de instancia en un determinado momento. Creemos que es una resolución aberrante aquella que ordena que un fiscal declare como testigo en la causa que él mismo dirige, lo cual puede dar pie a toda de abusos en términos tales que las defensas podrían pedir lo mismo, en cualquier tipo de caso, y de esa manera el poder elegir el fiscal que va a llevar a cabo un juicio oral en contra de un representado“.

Daza además criticó las “deficiencias del sistema procesal”, el cual hace muy difícil recurrir a otras instancias, como la Corte Suprema, para revisar las decisiones de algunos jueces, quienes, a juicio del abogado, tienen “patente de corso” para adoptar algunas sentencias: “Lo que hay que hacer acá, sencillamente, es que cuando avance el proceso se lleve a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, ahí entonces se tendrá que discutir si es que es pertinente considerar a los fiscales Gajardo y Norambuena como testigos“.

“El cambiar un fiscal, que ha llevado durante todo el proceso esta investigación, obviamente causa un daño, sobre todo si esto se hace ad portas de un juicio oral, entonces esta es una ventaja a mi juicio ilícita, que a través de una maniobra procesal se pretenda obtener por parte de la defensa de los señores Délano y Lavín. Se ha abierto la posibilidad de que esto se concrete y nosotros vamos a dar la pelea para que, finalmente, no llegue a ocurrir“.

El 2 de agosto vence el plazo investigativo -que ya se ha extendido por más de dos años- fecha en la cual el mismo Octavo Juzgado de Garantía debe fijar la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral, instancia en la cual también se decidirá el futuro de los fiscales Gajardo y Norambuena al frente del proceso.