La Segunda Sala del Tribunal estimó que la autoridad mapuche cumple con todos los requisitos legales para cumplir el saldo de la pena impuesta. La familia Luchsinger apelará por el fallo.
Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, los partidos “debieran dar explicaciones a la ciudadanía cuando son sus militantes los que cometen irregularidades”. En referencia a la respuesta, valoró que “Chile, quizás tarde, reacciona”.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”. Esto último, porque Cheyre recibió una condena de cinco años que podrá cumplir bajo libertad vigilada.
El máximo tribunal de justicia sentenció al ex comandante en jefe del Ejército a cinco años de presidio, otorgándosele una pena sustitutiva de libertad vigilada.
El TC declaró admisible la acción judicial del padre del senador UDI, Javier Macaya, la cual busca acceder a penas sustitutivas a la privación de libertad en caso de ser declarado culpable.
Para las otras tres acusadas se dictaron otras medidas. Una de ellas quedó bajo arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, mientras que las otras dos deberán cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El padre del victimario lamentó la decisión del Tribunal de Vesoul y acusó que en el juicio “fue superior el peso mediático y político, que el de las pruebas”. El fiscal del caso aseguró que el homicidio fue por asfixia el 5 de diciembre de 2016.
“Aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer, por lo tanto, debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones”, dijo Orellana.
El encargado de suceder a Juan Eduardo Fuentes aseguró que será un continuador de su obra, pero que al mismo tiempo “intentará dar una nueva impronta”. Además, expresó sus deseos de “generar una justicia más cercana, expedita y confiable”.
El máximo tribunal, dictó condenas de hasta 40 años por secuestro y homicidio calificado de 23 víctimas entre las que se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP).
El Juzgado de Garantía de Copiapó dictaminó dejar con prisión preventiva a Luis Castillo Opazo (38), uno de los 13 condenados por el estallido social indultado por el Presidente Gabriel Boric.
El teniente coronel (r) está imputado por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas en el caso de del estudiante Gustavo Gatica, a quien dejó ciego por impactos de escopeta antidisturbios durante el estallido social en 2019.
Desde el 2016, el servicio indaga un perjuicio al fisco por más de $240 mil millones. El Presidente Boric recalcó que “las instituciones funcionan”, mientras que el líder de la CPC aseguró que “no son empresarios, sino un grupo de delincuentes”.
Según la sentencia del máximo tribunal las mayores penas recayeron contra: Miguel Krassnnoff, Gerardo Godoy, Gladys Calderón, Cristoph Willike, Raúl Iturriaga y Pedro Espinoza. Deberán cumplir entre 15 a 35 años de presidio.
La Fiscalía Regional de Antofagasta los investiga por tráfico de influencias, fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, pero los delitos concretos que se les imputarán se conocerán en la misma audiencia.
