Agrupaciones de DD.HH. solicitaron a la Corte Suprema abrir la causa de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, por sus responsabilidades en la preparación del golpe militar de 1973. Mientras que el Colegio de Periodistas apoyó la petición asegurando que es necesario perseguir a los culpables de los delitos de lesa humanidad efectuados durante la dictadura.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Confederación de Trabajadores del Cobre entregaron una carta al ministro de Defensa para exigir la renuncia del general Humberto Oviedo, por distintas irregularidades, como la permanencia de los pactos de silencio o el caso “Milicogate”.
En total se habrían adulterado 228 firmas. Los DC Roberto León y Sergio Ojeda, Laura Soto (PPD), Francisco Encina (PS) y el ex senador socialista Camilo Escalona habrían sido los afectados.
Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
Alberto Espinoza, defensor del ex integrante del FPMR, Galvarino Apablaza, reaccionó a las palabras que han surgido desde la UDI exigiendo el término del beneficio al que accedió Apablaza luego de aparecer como víctima de la dictadura en la Comisión Valech II.
La reciente revelación sobre la venta y arriendo de inmuebles por parte de Cema Chile de bienes entregados por el Estado, y que irían a parar directamente a las arcas de Lucía Hiriart, generó la petición de diversas organizaciones sociales al gobierno para que se confisquen estas propiedades.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos valoraron la medida, sin embargo, indicaron que aún es necesario romper los pactos de silencio.
” Sólo el 7 por ciento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos ha sido hallado”, indicaron desde Londres 38.
Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la decisión tiene que ver con cómo el Gobierno ha llevado las causas ligadas a los Derechos Humanos.
En tanto, el Juez Alejandro Solís explicó que la omisión de información tiene que ver con un delito de encubrimiento.
Luego que el titular de Defensa señalara que “la colaboración del Ejército ha sido absoluta” en relación a la creación de la unidad de DD.HH. de la cartera, agrupaciones de víctimas de la Dictadura enfatizaron en la casi nula entrega de información de parte de las FF.AA. para esclarecer estos delitos.
