Para esto, la tasa de desarrollo implica reducir el impuesto de Primera Categoría a 25% y establecer un impuesto de 2% a las empresas en régimen general. Cabe recordar, que esta medida ya era parte de la reforma tributaria rechazada en marzo.
El objetivo de la instancia es crear un archivo con cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las movilizaciones que vive el país.
