Una iniciativa presentada por parlamentarios oficialistas busca establecer a los delitos ligados a la corrupción, como el caso de la exalcaldesa Cathy Barriga, como un peligro a la sociedad.
El CDE presentó la acción contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú. Según la investigación penal, a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio comunal superaría los 30 mil millones de pesos.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la sala de esta rama del Parlamento y castiga con penas de presidio a quien transporte algún tipo de elemento inflamable para atentar contra las personas o los bienes.
El legislador cuestionó la gestión de la instancia liderada por el Evópoli Felipe Kast, quien protagonizó un tenso cruce con el ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde. “Creo que no le hace bien al ejercicio parlamentario”, señaló.
En una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, el legislador del Partido Republicano acusó al Movilh de querer “permitir de manera oculta” esta conducta hacia menores de edad y solicitó evaluar su ingreso al Congreso Nacional.
Este miércoles, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja empezó a debatir un proyecto de este tipo, presentado en enero por la diputada PPD, Cristina Girardi. “Por años se ha venido dando situaciones de robo de aguas, que han quedado absolutamente impunes”, enfatizó la autora de la moción.
La Cámara Baja aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código Penal, elevando las penas para este tipo de delitos, y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La doctora en Ciencia Política y académica del Instituto Asuntos Públicos de la Universidad de Chile reivindica la idea de una reforma al Código Penal (elaborado hace 144 años), sin embargo cree que con una comisión de expertos no basta. “Es muy importante que no sea una discusión de una comisión de expertos que se toma entre cuatro paredes”, concluye.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el integrante de las comisiones de Defensa y Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja se refirió a los desafíos legislativos sobre delincuencia y la anunciada reforma en la policía uniformada.
La bancada IC-PC pide poner fin al decreto aprobado en dictadura que entrega fondos a la CMPC por concepto de reforestación. Además, desde la Cámara de Diputados se pide reponer la pena de cárcel para quienes se coludan.
El ministro (s) de Justicia, José Ignacio Piña, entregó detalles de las modificaciones que se propondrán para la normativa, que data de 1874. Especialistas valoran la reforma, pero advierten que se debe hacer en forma inteligente.
Los abogados de Yasna Provoste insistieron en las irregularidades de la pena de inhabilitación política, esta “muerte cívica por cinco años”, situación que también correría para el recientemente destituido titular de Educación, Harald Beyer. Además, los juristas criticaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la lentitud en acción presentada a favor de la ex ministra.
