En el marco de la cuenta pública 2023 de la entidad fiscalizadora, la contralora (s) Dorothy Pérez, señaló que se destinará más personal y recursos con el fin de mejorar los plazos de respuesta del órgano estatal.
El titular de Vivienda reflexionó sobre las medidas que pudo haber adoptado al asumir la cartera y reconoció que no se tuvo “consciencia”. Por lo demás, descartó cobrar costos a los seremis, pero sí a las fundaciones en su relación con el Minvu.
Por cuestionamientos a la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, la vocera respondió que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias”.
Esta es la segunda vez que el jefe de asesores de La Moneda se ausenta de la instancia para dar cuenta de su rol como exSubdere en el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura.
Esta norma, que incluso contó con la abstención de republicanos, fue duramente criticada por el contralor Bermúdez. Por otra parte, en el hemiciclo se aprobó la supresión de un inciso que exigía al Banco Central considerar “la actividad y el empleo”.
Un informe del ente regional reveló mal uso de recursos públicos. “El alcalde debería pedir disculpas a la comunidad”, declaró el concejal Juan Castillo.
El ente corroboró que el ex edil cometió “infracciones graves al principio de probidad”. “Ahora ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos y la CGR va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones” agregó Camila Merino.
El ente fiscalizador dio un plazo al gobierno de 10 días hábiles administrativos, para que entregue los antecedentes.
Especialistas en planificación y urbanismo señalaron falta de cumplimiento de los marcos regulatorios en la ejecución de proyectos inmobiliarios. Así, proponen mayor fiscalización por parte de los gobiernos regionales y municipalidades.
La polémica surge a raíz de que una empresa contratada bajo la administración de la entonces alcaldesa, Cathy Barriga, que incumplió el contrato y no terminó la ejecución de las obras.
Al reclamo se sumará la diputada y ex atleta Érika Olivera, quien manifestó su preocupación por la poca transparencia con la que actúa, en general, la institución que preside la ministra del Deporte.
Horas antes del anuncio parlamentarios de la UDI ingresaron un requerimiento a la Contraloria General de la República para que se fiscalizaran los cambios y el Gobierno asumiera y revirtiera su error de nombrarlo Gabinete Irina Karamanos.
