El Consejo de Monumentos Nacionales determinó que el ex centro de detención conocido como Clínica Santa Lucía, sea declarado monumento nacional. Los consejeros consideraron a la instalación como parte “de un sistema de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar”.
La organización Londres 38, Espacio de Memorias presentó una querella criminal para que la Justicia investigue el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas en 1974. La acción fue acompañada por numerosos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles.
El capitán (r) Arturo Silva Valdés fue detenido por funcionarios de la PDI luego de más de 20 días de encontrarse prófugo de la justicia que lo condenó a 15 años y un día de presidio por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del lanzamiento de sus memorias “Plaza Montt Varas sin número”, junto con recordar los interrogatorios a Manuel Contreras y Álvaro Corbalán, analiza su nuevo desafío en el Ministerio de Defensa.
El jurista de Derechos Humanos Roberto Ávila cuestiona las diferencias que existen entre los horarios del fallecimiento del ex director de la DINA entregados por Gendarmería y el Hospital Militar, además de la entrega del cuerpo por parte del recinto asistencial.
“Cuando la justicia es inoportuna, resulta injusta”, señaló Carmen Soria, hija del diplomático español secuestrado por la DINA en 1976. A juicio de la familia de la víctima, la Concertación actuó como un perpetuador de impunidad, por lo que es tan responsable como los propios violadores de Derechos Humanos.
Manuel Provis Carrasco, uno de los tres militares en retiro que se mantenían prófugos, ya se encuentra cumpliendo su condena.
Arturo Silva Valdés, quien además se desempeñó en el equipo de seguridad de Augusto Pinochet, se suma a otros dos condenados que aún no ingresan al penal Punta Peuco: Jaime Torres Gacitúa y Manuel Provis Carrasco.
Trece de los catorce condenados por el caso de Eugenio Berríos ya se encuentran a disposición de la Justicia. La excepción, el ex director de la DINE Hernán Ramírez Rurange, quien se suicidó este jueves.
A cuarenta años del montaje comunicacional que significó la muerte de 119 personas y opositores a la dictadura cívico-militar, las sentencias que afectan a los brigadieres en retiro se suman a otra que también rebaja la pena del coronel en retiro César Manríquez.
Muerte de general en retiro, cercano a Augusto Pinochet y condenado por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, generó diversas reacciones, como la urgencia de eliminar beneficios intrapenitenciarios en condenas relacionadas con derechos humanos, así como la evidencia de que aún existe información que se sigue ocultando.
Entre las sentencias figura la del ex fiscal militar Fernando Torres Silva, con 10 años y un día de presidio, como autor de asociación ilícita.
