Luego de la imputación hecha por el Ministerio Público de los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios en contra del senador ex UDI Jaime Orpis, el Cuarto Juzgado de Garantía decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional como medidas cautelares sobre el desaforado parlamentario. Este martes desde las 14 horas se comunicará el plazo de investigación.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el senador desaforado de la UDI, Jaime Orpis, así como el arresto domiciliario total para al ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en el marco de la audiencia de formalización por delitos tributarios cometidos durante la tramitación de la ley de Pesca en el Congreso.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, determinó que Emiliano Arias sea el director de las investigaciones en este caso, que próximamente contempla la formalización del desaforado senador de la UDI Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica.
El abogado Daza lamenta el cambio de persecutor, porque la dirección de Pablo Gómez da pistas poco transparentes: “Él tiene vínculos con gente que debe investigar (…) estas son señales desalentadoras”. La Agrupación de Fiscales, en tanto, llama a despersonalizar las causas.
Quien reemplace a Solange Huerta asumirá el caso Basura y también la indagatoria en el denominado caso Tsunami.
El gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y el vicepresidente de Finanzas de la minera no metálica, Ricardo Ramos acudieron a las dependencias de la Fiscalía a entregar sus declaraciones en torno de este caso, tal como lo hiciera el 16 de marzo pasado, el presidente de la compañía Julio Ponce Lerou. A la salida de la diligencia, de Solminihac expresó su tranquilidad con respecto del desarrollo de este proceso. Luego fue el turno del ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse, quien se retiró sin hacer declaraciones.
Los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias arribaron a las oficinas de SQM, luego que el 8° Juzgado de Garantía autorizara al Ministerio Público a llevar a cabo el allanamiento de las dependencias de la minera no metálica, ubicadas en Las Condes, en busca de los documentos contables del período 2009-2014 que la empresa se negó entregar de manera voluntaria.
