En el escrito, el ex Comandante de Pelotón sancionado por el caso de agresión sexual a un soldado conscripto ocurrido en Calama, denuncia una serie de irregularidades en la Investigación Sumaria Administrativa que encabezó el actual Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Rafael Fuenzalida, y que motivaron su retiro voluntario.
Luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer la situación en que se encuentran los cuatro oficiales que resultaron responsables en el caso de agresión sexual ocurrido en Calama en junio pasado, tanto el presidente de la Cámara como parlamentarios miembros de la comisión que investiga los fraudes en el Ejército reaccionaron preocupados por la rebeldía de la institución castrense.
Todos fueron reubicados en distintas unidades del Regimiento de Antofagasta pese a que a fines de junio de 2018, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, anunciara sus bajas por su responsabilidad en la falta de control y encubrimiento de la agresión sexual en contra de un soldado en Calama.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, confirmó que son “casi 70 denuncias” de índole sexual las existentes en las diversas ramas castrenses. También se refirió al caso de dos conscriptas que denunciaron hostigamientos por parte de un superior en Antofagasta.
El ex subsecretario de Defensa y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Casa de Bello aseguró que el poco control sobre las instituciones de Defensa se debe a la falta de voluntad política, y que extender la carrera militar ayudará a mejorar la distribución de recursos en las instituciones.
“Nosotros pensamos que para que se terminen este tipo de cosas las FF.AA deben estar plenamente subordinadas al poder civil, que está constituido por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la Contraloría y otras instituciones del Estado”, sostuvo el diputado comunista, Guillermo Teillier.
A partir de la serie de actos de corrupción que se han conocido en las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo presentó una serie de medidas que apuntan a mejorar la probidad y transparencias en las instituciones uniformadas. Fiscalía en tanto, prepara formalización del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.
En medio del procesamiento que enfrenta el general (r) del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos debido al uso de 3.500 millones de pesos de gastos reservados, se ha reinstalado el debate en torno al control que el Estado ejerce sobre las Fuerzas Armadas, una fiscalización que, según expertos, es débil y que debe mejorarse lo antes posible.
El economista y expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones cuestionó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca extender la carrera militar, pero que no toca el provechoso régimen de jubilación de los uniformados.
Tras haber pasado uno de los peores años para las Fuerzas Armadas y de Orden, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile conversó con Diario Universidad de Chile sobre las situaciones de fondo que han dado origen a los casos de corrupción y fraudes en estas instituciones.
Los antecedentes están siendo recopilados desde noviembre y con la investigación se busca aclarar si el mal uso de viajes y viáticos se extendió más allá del Ejército.
El parlamentario de Revolución Democrática, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, cuestionó el monto que desembolsa el Estado para financiar la compra de armamento y la defensa nacional. A su juicio, debe existir una transformación profunda de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en donde, entre otras cosas, exista un mayor control del poder civil.
