Este martes los ministros del Tribunal Constitucional escucharon los argumentos de al menos 30 organizaciones, quienes defendieron sus posturas frente el requerimiento contra el artículo 12 de la Ley Integral contra la violencia.
Sobre una posible revocación de la pensión de gracia, Cordero dijo que “el Gobierno ha tomado conocimiento y, efectivamente, el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión”.
“Dada la gravedad de los hechos expuestos por el INDH, S.E. el Presidente de la República solicitó todos los antecedentes disponibles para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia”, señalaron desde La Moneda.
En el marco del Día de la Inclusión Social y la Cero Discriminación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda los hallazgos del Informe Anual 2023, que dio cuenta del reducido éxito de la Ley Antidiscriminción.
En un comunicado, la organización expresa su preocupación por la salida del Fiscal Armendáriz, según señalan, por presiones de sectores políticos de la derecha. Asimismo, advierten que revocación de las pensiones de gracia sería un retroceso.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
El subsecretario del Interior explicó la situación de los 19 casos que no presentaban antecedentes médicos: “Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados (…) esos los solicita el INDH”.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguraron que las declaraciones de su directora fueron a título personal, y que no se ha discutido algo parecido en el consejo de la institución.
Consuelo Contreras, planteó crear una mesa de diálogo sobre la violencia en la macrozona sur, donde la Coordinadora Arauco Malleco “podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período”.
El proyecto busca evitar categorías de poder al interior de los recintos e impedir el ingreso de ropa por la que se cuelan celulares y armas. Por otro lado, Duran criticó que el INDH considera que estas medidas atentan contra la dignidad de los reos.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por los excarabineros Henry Cuéllar Vega y Víctor Lastra Marguirott, condenados a 12 años y 183 días de presidio efectivo.
