El abogado y ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, destacó que en este caso se siguió el procedimiento que establece la normativa. Además, negó una vinculación con el presidente Gabriel Boric como publicó un medio nacional.
La titular de Justicia sostuvo que están coordinando con el Senado el momento de la votación que deberá definir si se aprueba a la nueva carta para el Ministerio Público que será dada a conocer por el Ejecutivo en estos días.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, afirmó que “existe consenso” en que el nuevo líder del Ministerio Público debe “hacer un giro respecto a la conducción” anterior.
El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que el legado de Abbott deja mucho que desear porque desde su instalación hubo un intento por tapar casos escandalosos relacionados con política y dinero.
La acción nace de una denuncia ingresada por el jurista Gene Fernández Llerena por delitos de omisión de enuncia de parte de la jefa de gabinete y por “delitos funcionarios que se podrían haber cometido en el gobierno anterior”.
“Pedí un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, pero desde ya es posible que exista algún tipo penal en la ley de Seguridad Interior del Estado”, sostuvo Jorge Abbott.
La víctima de una agresión por parte de carabineros se reunió con el fiscal nacional en el marco de una serie de citas que ha estado llevando adelante para solicitar que se agilice su causa y se entregue justicia.
Jorge Abbott también valoró el anuncio presidencial de creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos contra los Derechos Humanos pues, según señaló, ello permitiría avanzar en esclarecer si en Chile existe una política sistemática de vulneración de los Derechos Humanos.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos aseguró que espera que estos delitos no sean tipificados como comunes, sino como crímenes de lesa humanidad. “Ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos sino que aquí se ha cometido la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad”, señaló.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, trabajadores de la institución comentaron cómo el caso del fiscal Arias desató una serie de conflictos al interior del Ministerio Público que han mellado su labor investigativa.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.
El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, había solicitado la remoción del persecutor regional de O’Higgins por “mal comportamiento y negligencia manifiesta”.
El caso Arias partió en abril del 2019, luego de que el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo acusara de una serie de irregularidades.
Mientras las miradas están fijas en la acción constitucional que enfrenta Sebastián Piñera en el Congreso, el Ministerio Público ya ha tomado declaración y oficiado a distintas instituciones y autoridades, esto, en el marco de la investigación de la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron 16 abogados en contra del mandatario.
El Fiscal Nacional señaló que la crisis social es un asunto que debe ser resuelto políticamente y que la institución que él dirige no ha sido cuestionada por las organizaciones internacionales que han estado presentes en Chile observando el desarrollo de las movilizaciones ciudadanas.
Aunque la cifra ha aumentado respecto al último balance entregado por la Fiscalía, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que, hasta el final de las investigaciones, no corresponde anticipar si se trataron o no de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
La próxima semana será clave para el suspendido fiscal, toda vez que Jorge Abbott anunció el inicio del proceso de remoción en su contra ante la Corte Suprema.
