Durante su campaña presidencial de 2013, Michelle Bachelet aseguró que “en ningún” caso aplicaría la Ley Antiterrorista, seis meses después, la entonces candidata de la Nueva Mayoría recogió la interpelación realizada en contra del Estado de Chile por el comisionado de la ONU, Ben Emerson, quien sostuvo que no se debía aplicar esta ley. La Mandataria declaró en aquella oportunidad que “las leyes comunes son lo suficientemente fuertes”.
El jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, confirmó que el Gobierno invocará la Ley Antiterrorista para perseguir a las personas que resulten responsables del ataque con explosivo –sobre la base a un extintor relleno con pólvora negra y esquirlas- que detonó la noche del domingo al interior de un carro del tren subterráneo, que solo dejó daños materiales.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, no descartó la aplicación de la Ley Antiterrorista frente al atentado de bomba que se dio este domingo en la estación de metro Los Dominicos. Por su parte, abogados interiorizados en este tipo de casos desestimaron la utilización de tal legislación en el hecho.
Analistas de diversos ambitos examinan la creación de un ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, la labor de la Conadi y los juicios a comuneros mapuches.
Cada cuatro años, los países integrantes y observadores de las Naciones Unidas (ONU) son evaluados en materia de derechos humanos a través del Examen Periódico Universal (EPU). Chile, en enero de 2014, tuvo su segunda evaluación, donde recibió 185 recomendaciones. Entre ellas, temas como el aborto terapéutico, la Ley Antiterrorista y la defensa a la diversidad de las familias.
Sigue en revisión en el Tribunal de Garantía de Cañete la petición de libertad del ex estudiante de antropología y presunto colaborador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Emilio Berkhoff. Este caso ha reinstalado el cuestionamiento a la utilización de testigos protegidos, en medio de un contexto que apunta a la revisión del funcionamiento de este instrumento bajo la utilización de la ley común.
Hace unos días el Gobierno anunció la recalificación de seis querellas interpuestas contra dirigentes mapuche por Ley Antiterrorista, las que están en pleno desarrollo. Mientras, se acogió la solicitud de abonar los meses de los comuneros Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo los días que estuvieron en prisión preventiva. ¿Cuál es el real impacto de estas medidas? ¿Cómo lo están viendo los abogados defensores y los propios mapuche?
Este martes se realizará la primera marcha nacional e internacional de apoyo a los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, mientras dirigentes denuncian intentos del Gobierno de dividir a los comuneros. Por otro lado, hoy se revisa la solicitud de abonar condenas a los dos principales líderes de la CAM, Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo.
José Mariano Llanca Tori, quien padece de una enfermedad terminal, es uno de los cuatro presos políticos que este jueves cumplen 18 días en huelga de hambre. Si bien han existido acercamientos con las autoridades, los voceros afirman que aún no hay soluciones concretas, mientras aumenta el apoyo a los comuneros desde otras organizaciones de la sociedad civil.
La Intendencia Metropolitana invocó la Ley Antiterrorista en su querella contra el joven Víctor Montoya por colocación de artefacto explosivo y homicidio frustrado contra carabineros. Situación complicada para el gobierno que intenta mostrarse contrario a su aplicación, por lo que destituyeron al abogado a cargo por “no informarle a sus superiores”.
El intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. La ley Antiterrorista fue uno de los pronunciamientos claves de ambas autoridades. El secretario de Estado afirmó que no se aplicará bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, mientras el intendente reafirmó que la ley no cumple los estándares internacionales.
La justicia determinó que la autoridad religiosa participó del ataque al matrimonio Luchsinger Mackay, pero desestimó la calificación de delito terrorista. A las 16 horas está fijada la audiencia en que se dará a conocer el detalle de la pena.
