La Subsecretaría de Pesca ha comenzado a otorgar nuevas cuotas de pesca, éstas se ciñen a la cuestionada “Ley Longueira”. Situación que a los pescadores artesanales sigue inquietando por la lentitud del proceso de revisión dicha norma, y apuestan a que se apruebe la nulidad de la polémica ley.
Con autorización del tribunal, los fiscales a cargo del Caso Corpesca y de la arista Asipes, solicitaron al Servicio Electoral de Concepción revelar los montos, fechas y nombres de los receptores de las donaciones entre 2009 y 2013. El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Hugo Arancibia, afirmó que hace tiempo había sospechas de las organizaciones pesqueras.
Después de las movilizaciones de los pescadores artesanales, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Guillermo Ceroni (PPD), informó que es prioritario poner en discusión la normativa y comprometió su debate en la instancia.
El parlamentario comunista explicó de esta forma porqué no existe la voluntad política al interior del oficialismo para derogar la polémica norma. “Esta es una ley forjada en la corrupción y debe terminarse”, expresó.
Las protestas incluyeron marchas, barricadas y bloqueos de rutas que se realizaron en varias localidades del país como Arica, Coquimbo, Valparaíso, Coronel, Lota, la isla de Chiloé, Punta Arenas, entre otras.
Un análisis realizado por la Contraloría sobre la gestión de la Subsecretaría de Pesca registró deficiencias respecto a los mecanismos de monitoreo y la falta de un catastro completo sobre las resoluciones de calificación ambiental para aprobar proyectos acuícolas. Los pescadores artesanales aseguraron que es una auditoria acotada que debiese considerar todas las denuncias interpuestas por irregularidades de las empresas pesqueras.
Dirigentes de la pesca artesanal acusan que el empresariado está detrás de la negativa del gobierno de anular la Ley de Pesca y advierten que radicalizarán las movilizaciones si la Presidenta no accede a sus peticiones. Por su parte los empresarios pesqueros manifestaron su descontento con algunas de las medidas que estudia el ejecutivo para resolver este problema.
Los pescadores artesanales desarrollaron manifestaciones en distintas ciudades del país exigiendo la anulación de la Ley de Pesca. Los dirigentes sociales solicitaron que el trámite se inicie cuánto antes en el Congreso porque es una ley que beneficia a los industriales y se originó a partir del cohecho y la corrupción.
Dada la corrupción que ha quedado en evidencia en la tramitación de la llamada Ley Longueira, es necesario eliminarla señala el obispo de Aysén, Luis Infanti. Además, el prelado valoró la “indignación” que están expresando los chilenos frente a los abusos de las grandes empresas y por la mala distribución de los ingresos.
De acuerdo al abogado querellante en el caso Corpesca Matías Ramírez, no existen argumentos para la salida del fiscal. “Esto es un precedente negativo porque al parecer lo que se busca es acallar la situación de estas investigaciones, amordazar a los fiscales”, dijo.
Los parlamentarios por Aysén Iván Fuentes y Patricio Walker negaron cualquier influencia por parte de las pesqueras que colaboraron en la campaña política del ex dirigente social, en la tramitación de la Ley de Pesca. Mientras, el abogado querellante del caso Corpesca cuestionó el vínculo del senador de la Democracia Cristiana considerando que fue uno de los que votó a favor de la Ley Longueira.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, determinó que Emiliano Arias sea el director de las investigaciones en este caso, que próximamente contempla la formalización del desaforado senador de la UDI Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica.
